Minem se rectifica: SIT Gas se adjudicaría en 2021-2022

El proyecto del Sistema de Transporte de Gas Natural (SIT Gas) espera una luz al final del túnel. Se trata del cuarto Gobierno que carga con esta mochila aún no ejecutada que beneficiará a la población del sur.

Solo en la gestión presidencial de Martín Vizcarra pasaron 5 titulares en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) revisando este tema. Con la entrega del cuarto informe de la consultora Mott MacDonald surgieron números para que el antes llamado Gasoducto Sur Peruano tenga fecha de licitación.

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El proyecto tendría una inversión de US$ 4.500 millones, en beneficio de 900.000 hogares de 6 regiones. Y, si bien la semana pasada el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, señaló que se adjudicaría para el 2024, el Minem se rectificó y aclaró a La República que la concesión del SIT Gas está prevista a otorgarse en 2021 o 2022.

"El Minem viene tramitando la incorporación al proceso de promoción correspondiente para que sea adjudicado por Proinversión. Lo que seguirá es la construcción de la infraestructura, con miras a que el proyecto entre en etapa de operación comercial en 2025″, precisó Murillo.

Costos

En 2014, el gasoducto requería una inversión de US$ 7.328 millones, lo que implicaba la inversión en el ducto, así como la operación y el mantenimiento del mismo durante 30 años.

“El actual monto de US$ 4.500 millones es menor porque el anterior comprendía un monto similar para la inversión en el gasoducto (US$ 4.500 millones), pero a eso se añadía la operación y mantenimiento de estos, que ahora se han excluido”, explicó Humberto Campodónico, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Murillo señaló que se trata de una inversión en capital. “Los costos finales se determinarán en las siguientes etapas y estudios de mayor detalle, así como de la consecuente buena pro”.

Fuente de suministro

Según el Minem, la fuente de suministro del SIT Gas provendría de los lotes 58 y 88, ubicados en Cusco y operados por la empresa China CNPC y Pluspetrol, respectivamente. Sin embargo, "no hay ninguna garantía de ello, pues este SIT Gas no incluye contratos de abastecimiento de gas, con lo que se comete el mismo error que en el 2014″, indicó Campodónico.

Por su parte, el extitular del Minem Carlos Herrera Descalzi apunta que para el proyecto se deben tener asegurados 40 años de gas natural con reservas probadas, y que el consumo del SIT Gas llegaría a 0,7 TCF (trillones de pies cúbicos) al año. Para 2018, las reservas probadas llegaban a los 10,6 TCF.

¿Demora?

Antes de la pandemia, el Gobierno había dado plazos previos al cambio de gobierno (julio del 2021) para la adjudicación del proyecto que distribuirá el gas natural por ductos en el sur.

En la última cartera de Proinversión, hasta el segundo trimestre de 2021, no aparece el SIT Gas. Aunque Murillo afirmó que se está tramitando la incorporación y que la licitación se contempla entre el 2021 y 2022. El inicio de operaciones sería el 2025, pero la fecha se movería de sufrir nuevos retrasos.

Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy Latin America, precisó que el SIT Gas permitirá no tener precios altos por transporte de gas licuefactado en las centrales del Nodo Energético, en Mollendo e Ilo. Y para el 2025 entrarían en operación permanente las centrales térmicas del sur, aunque con diésel, de no trasladarse el gas en ductos. Lo que implicará un aumento del costo para el país.

Añadió que la última planta central que entre a abastecer el mercado marcará el precio. El sobrecosto que se evitaría al 2025 sería de US$ 1.400 millones y de US$ 2.800 millones en el 2028.

Buscarán que exconsorcio pague por los tubos

Murillo precisó que el gasto en la custodia y preservación de tubos del GSP deben ser reembolsados al Minem, por lo que iniciarán acciones legales contra los dueños de estos bienes para que realicen este pago.

El Gobierno actualmente gasta US$ 46,8 millones anuales en la colombiana Estudios Técnicos para el mantenimiento de los tubos del GSP.

La concesión se entregó en 2014 al consorcio homónimo, conformado mayoritariamente por la cuestionada Odebrecht, la española Enagás y la nacional Graña y Montero. En 2017, no pudieron acreditar el cierre financiero, por lo que se terminó el contrato.

La inversión hasta abril 2016 alcanzó US$ 1.500 millones, con un avance de obras de 33%.

Tanto Enagás como Odebrecht llevaron al Estado peruano al Ciadi por este proyecto.

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