Acusan a funcionarios de IMARPE de haber “inflado” cuota de pesca de anchoveta

El procurador del Ministerio de la Producción (Produce), Fernando Vidal Malca, y su adjunto Jhony Zamora Limo, denunciaron penalmente a los funcionarios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que resulten responsables de la presunta adulteración de datos para incrementar artificialmente la cuota de pesca de anchoveta en beneficio de terceros.

También se les imputa haber pretendido ocultar las evidencias de los hechos mediante la manipulación de una computadora en la que se almacenaban datos recogidos durante recientes expediciones científicas de embarcaciones de la propia institución.

Perú es uno de los principales productores mundiales de harina de pescado. China es el más importante de sus compradores.

De acuerdo con la formulación de la denuncia a la que tuvo acceso La República, presentada ante la Fiscalía Provincial Corporativa de Turno del Callao, a los implicados se les atribuye los delitos de omisión de funciones y delito informático.

El 7 de noviembre de 2019, IMARPE determinó que existía una biomasa de anchoveta de 8,34 millones de toneladas, por lo que el 11 del mismo mes Produce autorizó la segunda temporada de pesca de la referida especie en la zona norte-centro del ámbito marítimo nacional.

Sin embargo, a los pocos días el Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, uno de los más importantes gremios de trabajadores del mar del país, entre otras organizaciones de pescadores, comenzó a reportar que hasta el 90% de lo que se estaba extrayendo era anchoveta juvenil y demandó a las autoridades suspender la temporada de pesca para evitar la depredación de la especie. No se encontraba la abundancia de anchoveta adulta que había reportado IMARPE.

Ni por aquí, ni por allá

No obstante los llamados de alerta de los pescadores, IMARPE informó a las autoridades de Produce que todo estaba conforme los estudios científicos, por lo que la segunda temporada continuó.

Pero por prevención, ante la persistencia de las denuncias de los pescadores, se hicieron suspensiones temporales de extracción en algunas zonas, bajo la creencia de que se trataban anomalías pasajeras. Pero los reportes subsiguientes confirmaron que la mayor parte de la biomasa estaba compuesta por juveniles de anchoveta.

“Se advierte que durante el desarrollo de la segunda temporada de pesca de anchoveta de 2019, se han producido sistemáticamente eventos que han impedido ejercer adecuadamente la actividad extractiva, exponiendo a las especies juveniles no aptas para su captura (...), con el potencial riesgo de su depredación ante la ausencia del recurso pelágico adulto que, en mérito a la evidencia científica informada por el IMARPE, sí se encontraba permisible para su captura”, señala la denuncia penal de la procuraduría de Produce.

Esto implica que no existía en el mar peruano del área norte centro, la cantidad de anchoveta adulta que había previsto IMARPE, sino ejemplares conocidos como “peladilla”, cuya extracción se encuentra terminantemente prohibida porque pone en peligro la reproducción de la especie.

Funcionarios de IMARPE relacionados con la medición de la biomasa de anchoveta contaban con información que advertía de la alta presencia de juveniles, cuya extracción está estrictamente prohibida para evitar la depredación, de acuerdo con la denuncia penal de la procuraduría de Produce.

Por iniciativa de la ministra de Produce, Rocío Barrios, quien había recibido información sobre la alta presencia de los juveniles de anchoveta, y además tomó en cuenta las denuncias de los propios pescadores, dispuso que IMARPE emprendiera un crucero científico para determinar lo que sucedía. Efectivamente, las empresas estaban extrayendo anchoveta hasta con un 90% de juveniles o “peladilla”.

Ante la evidencia, el 14 de enero la ministra Barrios suspendió definitivamente la temporada de pesca de anchoveta.

Para la procuraduría de Produce, lo sucedido no se trataría de un “error” de los científicos de IMARPE o de una negligencia de sus funciones sino de una conducta destinada a favorecer a los industriales de la pesca.

“Los resultados del balance poblacional de la anchoveta al mes de noviembre (de 2019) en la zona norte-sur, y que arrojaron que la biomasa ascendió a 8.34 millones de toneladas, no constituiría una conclusión científica válida al ser muy superior a la biomasa que hubiera correspondido de no producirse tal alteración (de datos)”, indica el documento.

Lo que representa una presunción fundada de que se “inflaron” los datos.

Las autoridades no descartan que los funcionarios de IMARPE implicados en la presunta manipulación de datos para aumentar artificialmente la cuota de pesca de anchoveta actuaron de esta manera para favorecer los intereses económicos de algunos sectores de la gran industria pesquera.

Pretendieron ocultar las evidencias

Precisamente, en el curso de las investigaciones sobre este caso en la sede principal de IMARPE en el Callao, en el que intervinieron entre otros funcionarios de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Produce, detectó que el 17 de enero se registró la manipulación de una computadora con el supuesto propósito de borrar evidencias.

“El equipo informático en cuestión fue formateado por una persona no autorizada (...), perturbando la constatación de dato sobre el estudio científico (vinculado) con la segunda temporada de pesca de anchoveta de 2019. Esta acción constituiría sospecha razonable de la comisión de un hecho punible que tendría por finalidad el ocultamiento de elementos que evidenciarían que la investigación científica que determinó la autorización del inicio de la segunda temporada contendría conclusiones equívocas”, reportó el procurador de Produce.

La autoridad aportó a la Fiscalía Provincial Corporativa de Turno del Callao audios que registran conversaciones de funcionarios de IMARPE en las que se evidencia que estos estaban al tanto de la manipulación de datos y que la información había sido filtrada a algunas compañías pesqueras.

Denuncia en giro

La Procuraduría del Ministerio de Producción imputa a los funcionarios de IMARPE que resulten responsables de los delitos de omisión de funciones y delito informático.