Más de 1,3 millones de medicinas ilegales incautadas en 4 años

Por: Luz Alarcón C.

El Perú ocupa el cuarto puesto en el ránking de mayor riesgo de falsificación de medicamentos, según estimaciones de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad perteneciente al Ministerio de Salud (Minsa).

Es así que el mercado ilegal de medicamentos en el país mueve alrededor de US$200 millones al año, esto representa entre el 12% y 13% del mercado farmacéutico formal valorizado en US$ 1.500 millones, según el estudio “Medicamentos ilegales en el Perú: Diagnóstico de la situación y recomendaciones de política” de Videnza Consultores.

Lima es la región con mayor incidencia de estos productos ilegales con un 34,8% de todos los casos reportados, le siguen La Libertad y Junín con 17,4% cada uno. Loreto y Cajamarca representan 7,7% y 6,6% respectivamente.

La Digemid ha incautado en cuatro años más de 1.300 millones de medicamentos ilícitos en 37 operativos a 155 establecimientos. Los principales lugares de acopio y venta de estos productos son las galerías comerciales como Capón Center, Unicachi, El Hueco, Emancipación, Chancay, entre otros establecimientos como clínicas, consultorios.

“La ley prohíbe vender medicamentos en galerías y el 90% de los stands que venden ahí no cuentan con permisos de la Digemid. Año tras año se hacen operativos pero se siguen vendiendo de manera informal”, remarcó el fiscal Miguel Ángel Puicón, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual.

Por su parte, Marisa Papen, directora ejecutiva de Inspección y Certificación de la Digemid, explicó que un medicamento se considera ilegal cuando es falsificado, la fecha de expiración está vencida, no tiene registro sanitario, presenta rotulado adulterado o está en mal estado de conservación.

Además señaló que algunos llevan marcas de instituciones públicas, los cuales son robados de estas, y otros son muestras médicas que se venden con el sello de “prohibida su venta”.

“Este es un problema mundial, incluso en el Foro Económico Mundial del año 2017 se detalló que este mercado ilegal deja ganancias mayores a US$200.000 millones en el mundo”, resaltó Papen.

Problemática

El estudio revela que un factor determinante de la comercialización ilegal es por el desabastecimiento en los hospitales públicos. “Somos un país donde tenemos un porcentaje importante de personas que adquieren medicamentos fuera de los hospitales. En su necesidad de urgencia y bajo presupuesto recurren a establecimientos no autorizados”, señaló Angela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe).

Sin embargo, un paciente que recurre a un establecimiento informal, no necesariamente consigue el precio más barato.

En un recorrido por los principales centros informales, La República comprobó que por ejemplo la Prednisona de 20mg en tableta, que se receta a pacientes de asma, tiene un costo de hasta S/14 la caja de 100 unidades en el centro comercial Capón Center en Cercado de Lima. Pero al verificar en el Observatorio de Precios, el costo en una farmacia autorizada es de S/5,20 la tableta de 100 unidades.

Estos centros de acopio también distribuyen a compradores al por mayor, pero no solo a farmacias. También venden a bodegas y tiendas, aún cuando estas no están permitidas de comercializar estos productos. Tal es el caso del Panadol, uno de los medicamentos más falsificados y comercializados. Este analgésico que cuesta S/90 la caja de 50 unidades en Capón Center, puede llegar a costar la misma cantidad, a S/30 en el mercado formal.

Por su parte, la especialista de Digemid señaló que también hay boticas y farmacias formales que se proveen del mercado informal y eso complica el control de la industria.

Añadió que las rutas de contrabando en el país ingresan por Puno para traer medicamentos de Bolivia. Por el norte, los provenientes de Ecuador ingresan por Tumbes. Y por oriente traen de Brasil y Colombia. Es así que para controlar este problema, actualmente están capacitando a los fiscales de las fronteras.

Las ventas por internet y los productos robados son otras de las malas prácticas para abastecer este mercado. “Están asaltando las contenedoras de empresas formales al salir de las aduanas”, detalló Papen.

Cómo afecta al mercado

La consecuencia más relevante de este comercio ilícito es definitivamente el incremento de morbilidad y mortalidad en los pacientes. Ya que constituye una real amenaza a la salud de los peruanos al ofertar productos de origen ilegal en condiciones que no aseguran la eficacia y calidad de estos productos, detalló el informe de Videnza.

Además en el aspecto económico, el perjuicio por el lado de la oferta se refleja en la pérdida de ventas, trabajo y menor desarrollo de tratamientos. Por el lado de la demanda, al ser medicamentos inservibles, generan un doble gasto en el tratamiento o exámenes adicionales.

Asimismo, reduce el PBI en el país al no pagar tributos, pues incrementan el volumen de bienes que ingresan por contrabando evitando el pago de Derechos Arancelarios. Y al ser comercializados de manera ilegal, no aportan con el Impuesto General a las Ventas.

También afecta a la propiedad intelectual al ofertarse productos falsificados reemplazando ilícitamente a los que tengan una patente vigente.

Cabe señalar que también hay un impacto socioeconómico, ya que se incrementan las actividades criminales, la corrupción, debilitamiento de la investigación y la innovación.

Sanciones

El fiscal Puicón explicó que para estos casos hay dos tipos de sanciones. La sanción administrativa está a cargo de Digemid. Si encuentran medicamentos originales en comercios clandestinos, es decir que no tengan licencia de funcionamiento, se establecen medidas de cierre o multas.

Si además de no tener licencia de funcionamiento, se detectan medicamentos falsificados, adulterados o contaminados, pasaría a ser una infracción penal. Es un delito contra la salud pública y la sanción va de 4 a 10 años de pena privativa de la libertad, además de incautación de la mercancía.

Puicón consideró que debe haber un trabajo coordinado interinstitucional. “En el 2014 hubo un megaoperativo donde intervenimos a 30 stands debidamente identificados, pero a la vez se coordinó con la municipalidad. Se cerró el establecimiento por dos semanas, pero volvió a operar”.

Consideró necesario hacer un cambio legislativo en el cierre de estos centros comerciales, ya que las municipalidades no pueden clausurar hasta que haya una sentencia. “La norma actual indica solamente retirar licencia al centro comercial o galería cuando se cometen delitos. Entonces cuando encontramos evidencias, inicia investigación preliminar y proceso penal. Pero por ejemplo pasa un año y recién sale la sentencia, mientras tanto sigue operando”, detalló.

En el caso de las boticas y farmacias que no se encuentren dentro de una galería, si se hallan medicamentos ilegales, sí se pueden cerrar de inmediato.

Combate al contrabando

Para la prevención y combate al contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos, en el 2006 se creó el Grupo Técnico Multisectorial Contrafalme (GTM).

Esta institución presidida por el Ministerio de Salud a través de Digemid, constituye a entidades públicas como EsSalud, Indecopi, Sunat, Ampe, Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú.

Además de entidades privadas como la Cámara de Comercio, asociaciones de laboratorios y colegios profesionales.

En el país hay un total de 34 GTM en distintas regiones, las cuales realizan campañas de información para no comprar medicamentos ilegales. “Existe esta oferta porque la demanda lo requiere, es importante que se informen porque ahora hay muchas opciones incluso más económicas”, resaltó Papen.

Añadió que la gente va al mercado ilegal por desconocimiento, al pensar que son medicamentos que harán efectos positivos en su tratamiento y que siempre costarán menos.

Para ello, recordó que la población puede verificar los precios de los medicamentos de todas las boticas y farmacias en el Observatorio de Precios. "Hay alternativas dónde comprar, incluso puede costar menos que el mercado paralelo".

La Digemid anunció que están trabajando en un protocolo de intervención para la prevención y represión del contrabando, comercio y falsificación de medicamentos encabezado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Soluciones propuestas por los laboratorios

- “Se debe potenciar la trazabilidad para potenciar la realidad de medicamentos formales que también deben cumplir con el monitoreo farmacoterapéutico necesario para evidenciar que un medicamento funcionó en un paciente”, señaló Angela Flores, de Alafarpe.

- "La Ley de Farmacias Inclusivas que busca que las personas puedan recoger medicamentos en boticas y farmacias privadas para su tratamiento completo. La ventaja del privado es que tiene la capacidad para reponer rápidamente”, refirió Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma.

- Al respecto, Marcial Torres, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, señaló que los laboratorios ya deberían tener la capacidad para monitorear a los productos de sus laboratorios. “Ya hay ley de farmacias inclusivas pero es básicamente trasladar la demanda del sector público para encargar atención a entidades privadas. No aporta nada a erradicar el comercio ilegal, lo que podría aportar es para el abastecimiento. Pero en lugar de tercerizar debemos mejorar los propios servicios del Estado”, remarcó.

Miguel Ángel Puicón, Fiscal:

“La ley prohíbe vender medicamentos en galerías. El 90% de estos stands no cuentan con permisos de Digemid. Todos los años se hacen operativos pero se siguen vendiendo ilegalmente”.

Marisa Papen, especialista de la Digemid:

“Este es un problema mundial, incluso en el Foro Económico Mundial del año 2017 se detalló que este mercado ilegal deja ganancias mayores a US$200.000 millones en el mundo”.