Congreso: El 2024 se elegirá una nueva composición de la Junta Nacional de Justicia
Riesgo. El Congreso buscaría el control del defensor del Pueblo para influir en la futura conformación de la Junta Nacional de Justicia. El defensor preside la Comisión Especial.
La actual Junta Nacional de Justicia, que nombra, controla y destituye a los jueces y fiscales de todo el país, cumplirá su mandato de cinco años en diciembre del 2024. Esto supone que en el verano de ese año se debe convocar a la Comisión Especial que realizará el concurso público para nombrar a los nuevos miembros de la JNJ.
El encargado de la convocatoria y de presidir la Comisión Especial es el defensor del Pueblo. Esta es una función que la Defensoría del Pueblo no tenía al momento de su creación. El Defensor recibió este encargo adicional en febrero del 2019, tras el escándalo de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y la desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura.
En el sistema judicial y fiscal se mira con preocupación que los afanes de la coalición política que controla el Congreso y el Ejecutivo, por poner a un defensor afín a sus intereses, tenga como objetivo real el control de los jueces y fiscales de todo el país.
Hay que recordar que el principal objetivo de la red de corrupción de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ era el control de la elección y nombramiento de jueces y fiscales, en todo los niveles, para protegerse frente a posibles investigaciones penales y, también, para dar soporte jurídico a negocios turbios en perjuicio de particulares y del Estado.
Esas actividades fueron detenidas cuando una investigación en el Callao a las redes del narcotráfico permitió la escucha legal de conversaciones donde se ponía de manifiesto la infiltración del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de jueces y fiscales.
Ese mismo objetivo, de la mano de otros personajes, podría estar ahora llevándose adelante a través del Congreso para tomar como “cabeza de playa” a la Defensoría del Pueblo.
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Proceso
La ley n.º 30916 de creación de la Junta Nacional de Justicia establece que entre doce a nueve meses antes de cumplir su mandato, el presidente en ejercicio informa de este hecho al defensor del Pueblo, a fin de que convoque a la Comisión Especial.
Además del defensor del Pueblo, integran la Comisión Especial el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas; el contralor general, Nelson Shack; el presidente del Tribunal Constitucional, un representante de las universidades nacionales y otro de las particulares.
Al recibir dicha información, el defensor del Pueblo debe coordinar con el Reniec y la Sunedu para la elección de los representantes de las universidades nacionales y privadas.
En junio del 2024, el pleno de la Comisión Especial se instalará para proceder a convocar el concurso público de méritos que les permitirá elegir a los siete miembros titulares y otros siete miembros suplentes.
Del defensor del Pueblo también depende la Secretaría Técnica Especializada que da soporte al trabajo de la Comisión Especial.
Así, tener en la Defensoría del Pueblo a alguien afín a la colisión política de derecha, como sucede ahora con el Tribunal Constitucional, les da la oportunidad de influir en el futuro de la administración de justicia en el país.
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Hay un afán de controlar el sistema judicial
“Creo que el Congreso está luchando por poner en la Defensoría del Pueblo a alguien cercano a sus intereses, no solo por el alcance nacional que tiene esta institución, sino porque preside la Comisión Especial que elige y nombra a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”, advierte la abogada de IDL Cruz Silva.
Anota que es una situación peligrosa, pues la actual mayoría del Congreso que ya controla el TC ahora tendría la Defensoría y a futuro, todo el sistema judicial.
