La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le envió un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para solicitarle que avancen las 16 denuncias constitucionales que presentó el Ministerio Público y que se mantienen paralizadas desde enero de este año.
"Fiscal de la Nación solicitó al presidente del Congreso (...) que disponga el trámite correspondiente de 16 denuncias constitucionales que se encuentran pendientes desde enero del 2024", anunció el Ministerio Público en su cuenta de X.
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Fuentes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso explicaron que se tratan de denuncias constitucionales que tienen informe de calificación aprobado. El problema es que ahora esos casos deben también recibir la luz verde de la Comisión Permanente.
Es por eso, agregaron, que la carta es directamente contra el legislador Eduardo Salhuana, quien preside la Mesa Directiva y también la Comisión Permanente.
Por ejemplo, hay dos denuncias constitucionales contra Dina Boluarte que fueron formuladas por la Fiscalía de la Nación y admitidas a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los casos de las muertes en las protestas y el Rolexgate.
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El informe de calificación de la referido a las muertes en las protestas fue aprobado el 22 de noviembre. El autor de esa denuncia constitucional contra Dina Boluarte es el exfiscal de la Nación, Juan Villena.
Y el caso del Rolexgate el autor de la imputación también es Villena. El caso fue admitido a trámite en julio, pero hasta la fecha la Comisión Permanente no la debate.
Además, hay 11 congresistas con denuncias constitucionales en su contra de parte del Ministerio Público, la mayoría por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores, como los legisladoras Magaly Ruiz (APP), Rosío Torres (APP), Edgar Tello (Podemos Perú) y José Arriola (Podemos Perú).
Incluso, desde el 2023 también está pendiente de resolverse la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía contra los legisladores Darwin Espinoza (Podemos Perú), Jorge Flores (Podemos Perú), Elvis Vergara (Acción Popular) y Raúl Doroteo (Acción Popular) por el caso Los Niños.
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La Fiscalía de la Nación también presentó una denuncia constitucional contra la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, por su presunta coordinación con la red de la exfiscal Patricia Benavides y su exasesor Jaime Villanueva para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Además, presentó una contra la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, por las presuntas contrataciones irregulares de personas allegadas a su pareja, el excongresista Paul Garcìa, en la Oficina de Calidad Legislativa del Congreso.