
Durante el periodo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entre 2019 y 2021, y 2022 y lo que va de este año, Agustín Lozano Saavedra montó una organización criminal compuesta por 21 personas, la mayoría miembros del directorio y de la administración de la institución deportiva, conforme a las imputaciones del fiscal del caso, Juan Orihuela Legonia.
Son 14 presuntos hechos criminales los que se atribuyen a Lozano y sus cómplices, siendo los casos más graves la cesión de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1 a la empresa 1190 Sports mediante una concertación en beneficio de integrantes de la red del presidente de la FPF.
El fiscal Juan Orihuela también señala que Lozano usó los fondos de la FPF para mantenerse en el poder dando aportes indebidos a los presidentes de las federaciones departamentales de fútbol, invitándolos a viajes al extranjero para asistir a contiendas del seleccionado nacional o haciendo desembolsos injustificados.
Sin embargo, de momento el fiscal Orihuela, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada, solicitó la detención de 13 de los miembros de la red de Agustín Lozano, y logró que el juez Richard Concepción Carhuancho dicte mandato de captura para los siguientes:
Según fuentes policiales consultadas, hasta el momento han sido intervenidas 11 personas, quedando pendiente de detención Susana Cochón Baldarragago, gerente de Finanzas y Administración de la FPF, y el secretario general de la institución, Óscar Chiri Gutiérrez.
El mandato del juez Concepción incluye el allanamiento y el descerraje de las viviendas de los investigados Juan Carlos La Rosa Llontop, asistente de la presidencia de la FPF; Raúl Bao García, del Comité de Derechos de Televisión de la FPF; y Arturo Ríos Ibáñez, miembro de la Comisión Legal de la FPF.
Todos los mencionados tuvieron participación en los 14 casos identificados por el fiscal Juan Orihuela:
El caso de la cesión de los derechos de transmisión de los partidos causó una grave crisis en el fútbol peruano.
La defensa de Lozano niega las imputaciones y alega que se trata de una “venganza”.
La fiscalía imputa a los detenidos los delitos de crimen organizado, lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas
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