Este viernes 10 de mayo, el magistrado Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, dispuso la detención preliminar por 10 días al hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, quien es acusado por el Ministerio Público de integrar una presunta organización criminal.
En ese sentido, la posible red criminal denominada Los Waykis en la Sombra se habrían encargado de realizar presuntos actos de corrupción, entre ellos influir en la designación de prefectos y subprefectos, con el objetivo de recolectar firmas para lograr la inscripción del partido político Ciudadanos Por el Perú.
Esta mañana, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) realizó un operativo con la finalidad de allanar el domicilio de Boluarte Zegarra. Así incautaron distintos documentos que podrían servir para el desarrollo de las investigaciones del referido caso.
La intervención estuvo a cargo del jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Francisco Moreno Panta. Este hecho se realiza luego de que este último jueves 9 de mayo el Poder Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, decidiera quitar el apoyo al mencionado grupo fiscal para continuar con las pesquisas, entre ellas las que vinculan a su hermano mayor, Nicanor Boluarte.
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Entre los argumentos del juez Richard Concepción Carhuancho para disponer la detención preliminar por el plazo de 10 días y el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, se encuentran las presuntas acciones ilícitas en la designación de subprefectos en la región de San Martín para la recolección de firmas con la finalidad de lograr la inscripción del partido político Ciudadanos Por el Perú.
Estos hechos se habrían producido cuando la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo del Poder Ejecutivo en diciembre de 2022. El hermano mayor de la jefa de Estado se habría aprovechado del cargo de su familiar para empezar a ejecutar acciones ilícitas, comenzando por copar la "Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior" y la "Dirección de Autoridades Políticas de dicho ministerio".
"Iniciando la materialización del plan criminal de instrumentalización del aparato estatal a través del copamiento de las Subprefecturas en favorecimiento de la red delictiva, plan criminal que hasta la fecha se continúa ejecutando, por consiguiente, la red delictiva se encuentra activa. Es más, estas designaciones, de haberse dado en la región San Martín, también se habrían acontecido en las regiones de Ucayali y Loreto, con la participación de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, sin ser funcionaria pública, es persona de confianza de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra", se lee en la resolución.
Asimismo, en el documento firmado por el mencionado magistrado se indica que la designación de subprefectos en la región de Cajamarca se realizó con el objetivo de recolectar firmas para la inscripción del partido Ciudadanos Por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones y de financiar el movimiento político.
Estas acciones tuvieron como finalidad "la permanencia en el poder" con miras a las elecciones presidenciales del 2026. Asimismo, se advierte que estos hechos punibles se estarían ejecutando hasta la actualidad.
"El referido líder (Nicanor Boluarte) habría coordinado concertadamente con otros integrantes de la organización criminal, para ejecutar dichas acciones ilícitas durante un determinado tiempo, aprovechando la permanencia en el poder, el cual tendría como finalidad, hasta las próximas elecciones presidenciales, y que se continúa perpetrando hasta el estadio de la presente investigación", señala el documento del Poder Judicial.
Richard Concepción Carhuancho, juez que encarceló a dos expresidentes, fue apartado del caso de Keiko Fujimori. El magistrado ordenó la prisión preventiva de dos exmandatarios por su vinculación con el caso Lava Jato antes de ser recusado en enero de 2019.
Concepción Carhuancho fue recusado el 15 de enero de 2019 en el caso que implicaba a Keiko Fujimori. La decisión de la Sala Penal de Apelaciones surgió después de una solicitud de Jaime Yoshiyama, también investigado junto con la lideresa de Fuerza Popular.
El juez había cobrado notoriedad cuando en octubre de 2018 ordenó la detención preliminar de Fujimori Higuchi y otras personas por 10 días. En 2017, dictó prisión preventiva para cuatro empresarios vinculados a Odebrecht por su participación en la construcción de la carretera Interoceánica.