
A pocos días de que el país acuda nuevamente a las urnas, el Perú enfrenta un desafío democrático que trasciende nombres propios y coyunturas inmediatas. Es reconocido por más del 80% de los peruanos, según IEP, que este sistema político tiene fallas profundas.
En ese sentido, no se trata únicamente de elegir autoridades, sino de definir el tipo de democracia que estamos dispuestos a sostener —o seguir debilitando— en los próximos años.
La historia ofrece una advertencia clara. Hace 34 años, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori quebró el orden constitucional con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cerrando el Congreso y sometiendo a las instituciones del Estado. Aquel episodio fue la expresión más extrema de la lógica del poder concentrado y sin contrapesos.
Hoy, ese riesgo no se presenta bajo la forma de tanques en las calles ni de anuncios abruptos en cadena nacional. Sin embargo, ese peligro no es más sutil, ya que todos los peruanos han sido testigos de primera mano sobre cómo el pacto corrupto, encabezado por el fujimorismo y suscrito por Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y sus satélites, sigue usando las mismas artimañas para concentrar el poder en busca de impunidad y en desmedro de los ciudadanos.
En el último decenio, se ha podido constatar cómo el autoritarismo ha avanzado con metodologías más complejas, ya que parten desde la legitimidad de las urnas y alimentado por mayorías políticas que, en nombre de la gobernabilidad, buscan capturar instituciones para asegurar su permanencia en el poder, ahora desde el parlamento.
No obstante, el antecedente más reciente también debe ser recordado. El fallido intento de quiebre institucional protagonizado por Pedro Castillo evidenció que la tentación autoritaria no pertenece a un solo sector político. Sin embargo, su fracaso también mostró la importancia —aunque frágil— de los contrapesos que hoy han sido arrebatados por la coalición autoritaria.
En el actual escenario electoral, diversas organizaciones políticas que lideran las encuestas comparten, con matices, una visión que privilegia el control político sobre el equilibrio institucional, que coincidentemente son aquellas que tienen actual representación en el Congreso y podrían hacerse de una peligrosa mayoría en el poder legislativo.
No se trata de deslegitimar opciones, sino de advertir la posibilidad real de que una mayoría parlamentaria, sumada a un Ejecutivo afín o condicionado, configure un esquema de poder con escasos límites efectivos que profundice la captura del Estado.
Por eso, en estas elecciones, el llamado no es solo a participar, sino a hacerlo con conciencia histórica.





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