La impunidad en campaña

La reciente excarcelación de Daniel Urresti y su aparición en actividades proselitistas de Podemos Perú colocan en el centro del debate público la relación entre política, justicia y memoria en el Perú. El episodio rebasa el ámbito de un expediente individual.

La salida de prisión de Urresti se produjo tras una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, que aplicó una ley aprobada por el Congreso de la República del Perú sobre prescripción vinculada a delitos catalogados como crímenes de lesa humanidad.

El hecho político relevante ocurre hoy en el terreno electoral. Urresti participa en actos partidarios junto al liderazgo de José Luna Gálvez, figura central de Podemos Perú. La escena proyecta una señal clara: una resolución judicial que altera el curso de un proceso por violaciones graves adquiere un lugar en la estrategia de campaña.

El panorama adquiere mayor significado al observar el comportamiento del Congreso que aprobó la norma utilizada por el tribunal. El respaldo a esa legislación reunió a diversas fuerzas parlamentarias. Bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre y otras agrupaciones acompañaron una iniciativa que transformó el marco jurídico aplicable a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.

El resultado configura un fenómeno político reconocible: una convergencia parlamentaria que redefine los límites de la justicia transicional en el país. Bajo el argumento de brindar protección institucional a integrantes de las fuerzas del orden, el Congreso produjo una legislación que incide sobre el principio de imprescriptibilidad reconocido por el derecho internacional.

En esa dinámica, el principio de responsabilidad frente a violaciones de derechos humanos pierde centralidad en la discusión pública, mientras la agenda política se orienta hacia los actores que capitalizan estas decisiones.

El país enfrenta así una cuestión mayor: el lugar del respeto a los estándares internacionales de derechos humanos dentro de nuestro proyecto de república. El Perú asumió compromisos claros en el sistema interamericano, responsabilidades que establecen parámetros para la actuación del Estado en materia de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.