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Opinión

Raspándole el concolón al cargo, por Rafael Belaúnde Llosa

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el gobernador de La Libertad, César Acuña, han comenzado campañas proselitistas mientras ignoran la normativa electoral vigente.

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Rafael Belaúnde Llosa 25-09


El próximo 13 de octubre vence el plazo para que presenten su renuncia aquellos “Altos Funcionarios” que desean participar en las elecciones generales. Ese es el plazo máximo para tomar la decisión. La norma busca evitar que quienes ostentan un alto cargo público, como alcaldes o gobernadores regionales, no saquen indebida ventaja a través de la utilización del cargo y los recursos del tesoro público que ellos administran. En el espíritu de la norma, la renuncia al cargo debe darse en el momento que has tomado la decisión de postular y no esperar hasta el último minuto, de la última hora, del último día, para obtener de él hasta el último grano de rédito político posible.

En el firmamento de la frescura y en el océano de los moluscos gasterópodos, destacan dos figuras políticas decididas a rasparle el concolón al cargo: el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el gobernador de La Libertad, César Acuña.

En el caso del alcalde, quien aseguró que gobernaría la ciudad hasta el final de su mandato, jactándose de su fe católica y su palabra inquebrantable. No obstante, estuvo claro para quienes vimos a través de ese velo, los vicios más rancios y persistentes de la política nacional, que nunca honraría su palabra.

Pintas y paneles publicitarios por todo el Perú, una multimillonaria campaña publicitaria en redes y viajes proselitistas por todo el Perú así lo demuestran.

Caso análogo es el del gobernador de La Libertad, quien cuando no está de vacaciones paseando por Europa, está haciendo proselitismo político indebido, razón por la que más de un Jurado Electoral Especial ha observado su conducta antidemocrática y vulneradora de la neutralidad electoral.

En este caso llama la atención que el Ing. Acuña no haya aprendido la lección de las elecciones del 2016, cuando el JNE lo excluyó del proceso electoral por violar las leyes electorales.

Para quienes aspiran a la más alta investidura de la nación, cumplir y hacer cumplir la ley en su espíritu, fondo y forma es una obligación.

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