El derecho de los ríos, por Cynthia Cienfuegos

En un contexto donde las redes criminales toman el control de los territorios con impunidad, y donde las instituciones han abandonado a las comunidades indígenas y a sus ecosistemas, dos buenas noticias llegan desde la comunidad Kukama Kukamiria en Loreto, y desde Puno: el río Marañón y el Lago Titicaca han sido reconocidos como sujetos de derechos.

Si bien el primer reconocimiento se ha logrado a través de una sentencia histórica de la Corte Superior de Loreto en 2024, y el segundo es producto de una ordenanza regional aprobada por el Consejo Regional de Puno en 2025, en ambos, el hito ha sido reconocer y visibilizar a la naturaleza como un ente vivo, dinámico y en constante relación con los procesos sociales comunitarios. Esto es fundamental en un país, cuya historia ha estado y está marcada por la explotación indiscriminada y la contaminación de sus recursos naturales.

Por otro lado, son dos las particularidades que marcan estos logros. El primero es el rol de las comunidades indígenas, y especialmente de las mujeres como protectoras, guardianas y gestoras de la conservación de sus ecosistemas. Que el río Marañón y sus afluentes tengan el derecho a “fluir libremente de toda contaminación”, y que el Lago Titicaca tenga derecho a “ser representado por entidades que velen por su protección y conservación” han sido luchas lideradas por mujeres organizadas, quienes han actuado, muchas veces, sin tener las condiciones mínimas de seguridad ni la protección de sus instituciones. El fallo que le otorga al río Marañón ser sujeto de derechos, por ejemplo, le valió a Mari Luz Canaquiri, de la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana, el Premio Goldman 2025.

Y la segunda particularidad es el reconocimiento del valor espiritual y de la cosmovisión que gira en torno al río Marañón y al Lago Titicaca. Ambos son entes sagrados, portadores de memoria ancestral, con quienes se convive en la cotidianidad. Reconocer estos principios es también reconocer los derechos de los pueblos indígenas y amazónicos, quienes hoy sufren persecución, acoso, discriminación, y con quienes se mantiene una deuda histórica.

Esperemos que estas iniciativas sean un llamado de atención sobre cómo nos hemos venido relacionando con el medioambiente, y también un llamado a la acción para promover un modelo de gobernanza inclusiva, donde las comunidades indígenas puedan tener participación real y vinculante en los espacios de toma de decisiones respecto a sus entornos y procesos de desarrollo.