Cacería de brujas, por Indira Huilca

En los últimos meses, el Congreso del Perú ha impulsado una serie de acusaciones constitucionales contra exautoridades como Mirtha Vásquez, Víctor Zamora, Salvador del Solar, Francisco Sagasti y Vicente Zeballos, provenientes de distintas administraciones y partidos políticos. Estas denuncias, que carecen de sustento legal, buscan inhabilitarlos políticamente y, en algunos casos, procesarlos penalmente. Lejos de defender el Estado de derecho, las acusaciones parecen estar más orientadas a la persecución política que a la justicia.

Lo que une a estas figuras es que, durante su paso por el Estado, se resistieron o se opusieron a medidas arbitrarias impulsadas por el Poder Legislativo. Este mismo Congreso, controlado desde 2016 por una mayoría de fuerzas políticas autoritarias —cuyos líderes son investigados por delitos que van desde corrupción hasta organización criminal—, ha sancionado a Del Solar y Zeballos por la disolución constitucional del Congreso en 2019, a pesar de que dicha decisión fue refrendada por el Tribunal Constitucional. Asimismo, ha dirigido sus ataques contra Sagasti y Vásquez por los roles que asumieron en el Ejecutivo y el Legislativo, respectivamente, tras la caída del efímero régimen de Manuel Merino en 2020, luego de que multitudinarias movilizaciones exigieran su salida tras los asesinatos de los jóvenes manifestantes Inti y Bryan.

Precisamente, esta semana, Mirtha Vásquez fue citada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar su descargo frente a una denuncia presentada por Manuel Merino, quien la acusa de supuesta negociación incompatible, tráfico de influencias y otros cargos absurdos, como la propagación del COVID-19.

A diferencia de años anteriores, el Congreso, liderado por el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular y otros grupos, opera hoy sin ningún contrapeso en el Ejecutivo. Está utilizando estas acusaciones no solo para socavar a quienes identifica como opositores, sino también para borrar el recuerdo de hitos como el cierre del Congreso en 2019 o la caída de Merino en 2020, momentos en los que el repudio general de la población logró frenar el accionar autoritario de estos partidos.

Que, bajo la apariencia de “legalidad”, se siga inhabilitando a quienes no forman parte de la coalición de Gobierno entre Boluarte y el Congreso solo confirma lo que en las calles se ha escuchado con claridad en los últimos años: esto no es democracia.