Desprecio constitucional, por Diego Pomareda

La agenda constitucional ha tenido dos temas alarmantes esta semana. Por un lado, se revelaron hechos que evidencian un claro desacato por parte de la presidenta hacia un mandato de la Constitución; y, por otro, el Congreso aprobó un dictamen para ampliar el número de magistrados del TC con fines poco loables.

Que la presidenta decida unilateralmente que el Perú no esté gobernado por nadie muestra su absoluto menosprecio al Estado de Derecho. La operación estética puede parecer un tema anecdótico, pero con su omisión manda un mensaje al país de impunidad y de poder saltarse la Constitución cuando mejor le convenga.

La Constitución es una norma jurídica de obligatorio cumplimiento, lo cual exige a la presidenta, de acuerdo con los artículos 114 y 115 de la Constitución, dar cuenta de una intervención quirúrgica al Congreso al verse temporalmente impedida de ejercer el cargo, vacío de poder que tendría que haber colmado el presidente del Parlamento.

Esta omisión constituye una infracción constitucional, pero que recién podría hacerse efectiva una vez Boluarte deje el cargo, en virtud de la protección que tiene por el artículo 117 de la Constitución. Además, esto puede activar una vacancia al ser que, según el TC, esta institución responde a la mayoría de los votos y no a la fuerza de las razones.

Por otro lado, la reciente maniobra del Parlamento para ampliar de 7 a 9 el número de magistrados del TC evidencia un menosprecio igual de grave hacia la Constitución. Este cambio, lejos de buscar el fortalecimiento institucional, parece orientado a consolidar el control político sobre un órgano autónomo, en un movimiento que recuerda el actuar autoritario de Viktor Orbán en Hungría, quien aumentó el número de jueces del TC para colocar a sus aliados.

Sostengo esto ya que ha sido una práctica sistemática de la mayoría parlamentaria, la cual: al verse controlada por un juez de primera instancia, cambió la ley para que esto no vuelva a ocurrir; eliminó las medidas cautelares para tener ventajas procesales; redujo los votos de 5 a 4 en el proceso competencial para que sea más fácil darles la razón; y persiguió a los miembros de la JNJ porque venían supervisando el trabajo de una fiscal de la Nación afín.

Si bien es necesario cambiar el número, la forma de elección y en qué tipo de procesos debe enfocarse el TC, considero que la sola ampliación de magistrados de este órgano de justicia, en un contexto donde la mayoría congresal al parecer ha perdido fuerza en su actual composición, evidencia un nuevo desprecio hacia la Constitución y que esta se pretende utilizar como instrumento de poder.