Seguridad ciudadana, un gran desastre

Acaba el año y pese a anuncios rimbombantes, en materia de seguridad ciudadana se ha retrocedido, sin lugar a dudas. Tener 1.030 policías dados de baja por procesos que mayoritariamente son por corrupción, según investigación de La República, nos da una imagen cabal de lo mal que van las cosas en el sector Interior.

Si esta cifra se usa para analizar el DL con el que el Gobierno ha dispuesto un rol rector de la Policía en procesos penales, en detrimento del papel que juegan los fiscales en el inicio de la investigación, podemos colegir que una institución como la policial, con este récord, difícilmente pueda actuar con criterio y equidad ante cualquier caso ya no solo de flagrancia, sino que sea considerado de urgencia.

Loa fiscales supremos, ante la evidencia del recorte de funciones, se pronunciaron y han señalado que van a adoptar medidas legales para que se respete su labor, definida constitucionalmente. Exigen que el policía mantenga sus labores de apoyo, pero que sea el fiscal quien defina la acción y determine el curso de las investigaciones.

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Se trata de un problema más provocado por el Gobierno, que en vez de presentar un plan integral y de consenso sobre la seguridad ciudadana, pone parches como el del Plan Boluarte, que no solo fracasó estrepitosamente con un rápido incremento de la criminalidad en los distritos declarados en emergencia, con toque de queda incluido y presencia militar, sino que ha sido negado por la propia dueña del nombre, que asegura que nunca existió.

Con un centro comercial en Trujillo al que han ingresado delincuentes enfrentados en una guerra de bandas, en el que se ha producido un tiroteo que ha podido tener como resultado una gran tragedia por lo atestado del local, se está llegando a un punto de no retorno. La autoridad parece estar perdiendo la batalla contra la delincuencia y eso es inaceptable.

Se requieren pasos concretos para enfrentar la ola de delincuencia que ha tomado las calles, el sicariato, el chantaje, la trata de personas y una sucesión de delitos como el robo de celulares, que han hecho más difícil la vida de las personas. El Gobierno es responsable de esta inseguridad porque parece ensimismado en su propia pelea por quedarse el mayor tiempo en el poder, en contubernio con un Congreso desprestigiado. Pero también es culpa de alcaldes que hacen lo posible por permanecer desapercibidos. Ha sido un mal año en seguridad y nada apunta a que el 2024 sea mejor.