Perú ficción, por René Gastelumendi

Existe el país oficial, pulcro, escrito, que gesticula en los pasillos del Congreso y se firma en decretos supremos en Palacio y sentencias; y existe el país real, un archipiélago de supervivencias que ruge en la calle y se autogestiona al revés de todo lo que lo anterior redacta: la ley. Un gran lastre nacional no es que la informalidad sea un problema económico sectorial; la tragedia es que es nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro único contrato social. Vivimos atrapados en un elaborado país ficción que fabrica, día a día, ciudadanos fuera de la caja. Habitar el Perú exige una esquizofrenia cotidiana que ha terminado por deformar nuestra ontología.

Las cifras de nuestra farsa institucional son implacables. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral se mantiene estancada entre el 71% y el 73% de la Población Económicamente Activa (PEA). Más de 13 millones de peruanos operan hoy expulsados de la legalidad. Al mirar el vecindario, la anomalía es obscena: mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa el promedio regional en 45%, y economías como Chile o Uruguay operan cerca del 30%, el Perú juega en la liga de los coleros de la precariedad junto a Bolivia.

Esta intemperie laboral se replica en el techo que nos cobija. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que entre el 70% y el 80% de las viviendas a nivel nacional son informales, levantadas a base de autoconstrucción, sin ingenieros ni licencias, sin planificación y, en muchas partes, sin servicios básicos como agua y energía. En la Lima más urbana, crecemos de forma caníbal hacia el cielo, mientras abajo Sedapal parchea de emergencia redes viales e hidráulicas obsoletas, diseñadas hace medio siglo. El relato oficial y empresarial romantizó el "recurseo" y el "peruanismo emprendedor", transformando una condena por falta de Estado en una supuesta virtud poética. El resultado es una sociedad profundamente individualista donde el concepto de bien común fue exterminado.

Sobre este sálvese quien pueda opera una perversa paradoja tributaria que alimenta el resentimiento. El discurso político criminaliza al informal llamándolo "evasor", ignorando que al comprar combustible, ropa o un saco de cemento, ese ciudadano paga el 18% del IGV, financiando de manera invisible las planillas del ineficiente y corrupto aparato estatal. Por su parte, el ciudadano formal es un rehén fiscal al que la Sunat caza en el zoológico, obligado a pagar impuestos por servicios públicos deplorables, para luego verse forzado a duplicar su gasto contratando seguridad, clínicas y colegios privados. En esta ficción, muchos pagan, pero nadie recibe.

La informalidad en el Perú es un equilibrio perverso. Es un pésimo negocio ser formal ante una burocracia punitiva, pero, además, es la válvula de escape que la clase política bendice en secreto, porque regala una paz social barata que maquilla su incompetencia para generar empleo, seguridad, salud y vivienda. Ese vacío estatal ya fue colonizado por corporaciones de la ilegalidad —mafias del transporte, del suelo y de la minería— que hoy financian campañas, dictan leyes y hasta se extorsionan entre ellas en el día a día.

Desconectados de la idea de nación, sin reconocer al prójimo como un igual con deberes, sino como un competidor en la arena, elegimos gobernantes que son el espejo fiel de nuestra fragmentación y cinismo. Para un presidente, presidir esta ficción es gestionar a una platea fantasma desde una escenografía lejana. Administrar un país de papel mientras la realidad se desborda por los márgenes no es gobernar; es, simplemente, prolongar la puesta en escena de una República que no existe. Que el dólar no suba y que nadie nos joda es nuestra máxima aspiración.