Peligra orden constitucional

La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado en el que alerta sobre el inminente quiebre del orden democrático, a raíz de la decisión del Congreso de votar una nueva moción que determina la destitución de los 7 miembros del Pleno y que sería debatida, según se especula, este viernes.

La moción 9525 del Congreso ha sido suscrita por parlamentarios provenientes de partidos que han mantenido posiciones ambivalentes en relación con las atribuciones de la Junta, como es el caso de APP. Ahora hay quienes consideran que en la suspensión temporal de la fiscal Patricia Benavides existe un conflicto de intereses.

El procedimiento disciplinario inmediato aplicado por la Junta a la suspendida fiscal es atribuible exclusivamente a esa organización constitucional autónoma. Se sustenta en su Ley Orgánica y su reglamento, lo que hace desechables los argumentos contenidos en la moción congresal.

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También se establece fehacientemente que la fiscal ha sido apartada temporalmente de su cargo con disposiciones que se han aprobado desde enero del 2020; es decir, cumpliendo la previsibilidad que demanda cualquier norma.

Por ello, la Junta Nacional de Justicia reitera nuevamente su pedido de “respeto a sus competencias constitucionales, la independencia de poderes en el Perú y la defensa de la institucionalidad democrática, base del bienestar y del progreso de los peruanos”.

La legalidad en el país no puede ser derrotada con argumentos falaces de congresistas en defensa de una fiscal ad hoc a sus necesidades. Hay aún mucho que investigar sobre los lazos que mantuvieron por lo menos unos 40 congresistas con el asesor principal de la fiscal Benavides, Jaime Villanueva, quien es colaborador eficaz y ha señalado que todas las negociaciones y acuerdos se llevaron a cabo en representación y con aprobación de su jefa.

Es necesario que antes de que se produzca una decisión al filo de un cierre de la legislatura, se defina la posición de las organizaciones políticas que parecen estar convencidas de que la destitución abre el camino a la impunidad. La presencia nuevamente de Marita Barreto, a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, podría ser clave para desvelar quiénes fueron los que negociaron y que ahora pretenden votar contra la Junta.