Diplomático (r)
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) se encuentra bajo intensa presión. Nauru solicitó hace dos años una licencia de explotación minera en los fondos marinos, en la zona que la Convención de Derecho del Mar de 1982 declaró Patrimonio Común de la Humanidad, que representa alrededor del 60% de la superficie de los fondos marinos y no está sujeta a la jurisdicción de ningún Estado. La AIFM disponía de dos años para establecer el régimen legal correspondiente, pero el plazo acaba de expirar y este requisito no se ha cumplido.
Ahora, los 167 Estados miembros de la AIFM tienen que optar por: a) otorgar la licencia de explotación, aunque no existan normas de protección del medio marino; b) extender el plazo de negociación para adoptar el código de minería de los fondos marinos a más tardar en los primeros meses del 2024; c) adoptar una moratoria en la explotación minera por tiempo indefinido, como lo vienen sosteniendo ya más de 20 países y numerosas organizaciones ambientalistas.
Los nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo marino están compuestos principalmente por cobre (del cual el Perú fue hasta hace muy poco segundo productor mundial, y que constituye su principal fuente de divisas), manganeso, cobalto, níquel, hierro y otros. Algunos de estos son indispensables en las baterías eléctricas utilizadas en teléfonos celulares y vehículos.
Cuando se levante la bandera para la minería submarina, podría desatarse entre las grandes potencias una nueva fiebre del oro. Eso agudizaría las tensiones geopolíticas en el planeta. Un escenario probable para esa confrontación será el océano Pacífico.
Otros efectos negativos: caídas en los precios del cobre y otros metales. Perturbaciones de consecuencias imprevisibles para los peces y algas de los fondos marinos. Eventuales derrames de materiales tóxicos. Las corrientes marinas harían que estos efectos repercutan en zonas muy alejadas del sitio original. Las áreas que serían explotadas primero: una al norte de Nauru y, muy cerca de ella, la de Clipperton-Clarion, ambas en el medio del océano Pacífico.
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La AIFM generará un fondo con las regalías que cobre por las licencias de explotación para compensar a los países en desarrollo, productores terrestres. Las modalidades de funcionamiento de este fondo estarán incluidas en el código de minería.
Estas negociaciones crean nuevos regímenes legales para áreas oceánicas que son Patrimonio Común de la Humanidad. En ellas, se juega el interés nacional del Perú, en temas como la minería, la pesca, el medioambiente y la paz internacional. Para cautelar sus intereses, el Perú debería participar muy activamente en ellas.