En defensa de la calidad educativa
El partido oficial y el Gobierno mantienen posición débil y confusa frente a la contrarreforma universitaria.
De aprobarse la iniciativa parlamentaria que ya tiene predictamen favorable en la Comisión de Educación, serían once las universidades que no lograron la licencia dada por Sunedu, favorecidas por esta “segunda oportunidad” para seguir en funcionamiento.
Contra viento y marea y siguiendo la pauta de una concertación que apunta a desandar lo andado desde el 2014, la alianza entre los partidos representantes de intereses de los centros superiores no licenciados, el partido de Gobierno y Fuerza Popular, han sacado adelante el proyecto.
El partido de Gobierno ha argumentado con una falacia: que está en juego la autonomía universitaria. Apelando a la libertad, se vulnera la calidad educativa, que es una de las funciones para las que fue creada la Sunedu, institución tutelar que ahora pretende también ser descabezada con cambios en el directorio.
Lo peor dentro de lo pésimo es que se esperaba una posición clara y que le pusiera rumbo a la bancada por parte del Minedu, sector que aunque no tiene mandato sobre la educación universitaria ha estado siempre presente en la lucha por profundizar la reforma educativa.
Desde Jaime Saavedra, pasando por Ricardo Cuenca, Flor Pablo, Marilú Martens y otros titulares de la cartera de Educación, el apoyo a la labor de la Sunedu y al mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles ha sido un objetivo común, pese a representar a diferentes gobiernos. Es, sin duda, una política de Estado que ha trascendido en el tiempo.
Hasta ahora. El débil comunicado del Minedu en relación al proyecto del Legislativo genera más confusión porque aporta y da argumentos de respaldo a la contrarreforma y adhiere a la supuesta campaña por la autonomía, que no es otra cosa que el retorno del statu quo anterior a la ley Universitaria 30220 y a la quiebra de la institucionalidad de la Sunedu.
En respuesta rápida y contundente, las principales universidades del país –a excepción de la Universidad Mayor de San Marcos– emitieron un comunicado “En defensa de la calidad educativa” y se disponen a enfrentar este nuevo desaguisado gubernamental y la concertación de intereses en el Congreso. “No debemos retroceder lo avanzado”, indican.