Por el derecho a la ciudad

La idea del Derecho a la Ciudad se ha instalado en la agenda académica y en el activismo. Inspira a muchas organizaciones sociales urbanas en América Latina y el mundo. Comprende reivindicaciones sociales, económicas y culturales a la vez.

La raíz conceptual, nacida en el París de Lefebvre, se ha transformado. Habitantes de ciudades rebeldes, muchas latinoamericanas (Harvey), han hecho suyo este derecho apropiándose no solo del espacio físico sino del espíritu que lo domina. Hoy incluye la conquista del espacio público como igualitario; la demanda por el derecho a la vivienda dentro de la ciudad con servicios e infraestructuras y no en sus extramuros; el derecho a no solo sobrevivir en la ciudad sino a gozarla plenamente, para lo que necesitamos garantía de tener trabajo, alimentación, salud, educación; la idea de ser ciudadanas y ciudadanos que convivimos en un mismo territorio, construido socialmente, en el que compartimos derechos y deberes sobre bienes y servicios comunes.

Lima es la negación del derecho a la ciudad. Llena de muros físicos, mentales y sociales. Fragmentada, violenta, discriminadora, machista, racista. Es la ciudad del sálvese quien pueda y por eso más que planificación lo que ha tenido es ocupación agresiva. No solo por invasiones que luego dan a luz asentamientos humanos precarios, invasiones hoy promovidas por traficantes más que por líderes sociales; también ha sido invadida por el mercado que ha mercantilizado el uso del suelo y promovido lógicas de expulsión urbana. Lo terrible es que ese mismo patrón se ha repetido en otras ciudades del Perú.

Esto ha ocurrido a vista y paciencia de nuestras autoridades. Muchas de ellas cómplices, incluso promotoras de esta dinámica porque así es más fácil cobrar una coima. Se ampararon en la ausencia de un marco normativo que diera herramientas de gestión y fiscalización urbanas. Siempre fue más fácil culpar a la informalidad de los sectores populares o al empresariado inmobiliario especulador. Con cualquiera de estos dos chivos expiatorios, la responsabilidad quedaba salvada.

No sé si esta historia se acabó, pero al menos la excusa sí. Ayer, día histórico para el urbanismo en el país, se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible con mandatos claros para las autoridades municipales en materia de planificación urbana, con obligatoriedad de construcción de al menos 10% de vivienda social en cualquier nueva habilitación, con pago de plusvalías por el incremento del valor del suelo por cambios de zonificación, con la creación de un banco de tierras y un operador público de suelo. Cambios trascendentales en la normativa urbana peruana.

Es momento de construir ciudades para la vida, para la gente. Vamos por nuestro Derecho a la Ciudad.

(Para Gustavo Riofrío, que me enseñó a amar la ciudad y a defenderla)