Nicaragua revoca la nacionalidad y confisca bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos

Nicaragua revocó este martes la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza.

La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas de 2018, según la ONU.

Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados", según un comunicado.

"Sabíamos que podía pasar algo así, pero no tan rápido", dijo a la AFP Pedro Gutiérrez, uno de los 135 excarcelados, en la capital de Guatemala.

"Ha sido un golpe duro, sentimos como una espada que nos atraviesa y nos hace sentir impotentes", agregó el exvendedor de autos, quien contó que fue detenido el 11 de febrero de 2023 tras hacer una protesta en solitario en Managua para exigir la liberación del obispo Rolando Álvarez.

Por su parte, el gobierno guatemalteco dijo que "la opción de aplicar al asilo que ofrece Guatemala se mantiene" para los 135 nicaragüenses. También pueden optar a refugio en Estados Unidos y otros países.

"Esta resolución [de Managua] es una prueba fehaciente de aceptación del crimen de lesa humanidad de destierro o traslado forzoso y de la persecución política, dijo a la AFP el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica.

Con esta decisión, llega a 451 la cifra de opositores nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales.

- "Intensifica la persecución" -

La ONU denunció este martes una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger".

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

"Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio", aseguró.

La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra la administración pública" o "delitos contra el Estado o instituciones", entre otros.

El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.

Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.

Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense pidió a Ortega que no los despojara de la nacionalidad nicaragüense, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.

Entre estos últimos, está la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España, quien, ante el Consejo de Derechos Humanos, reclamó el "cese del acoso contra las voces críticas" por parte del gobierno de Ortega.

También fue despojado de su nacionalidad el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-90) y es hoy un crítico de Ortega.

- Instrumento "imperialista" -

En su informe anual sobre Nicaragua, el Alto Comisionado de la ONU advirtió la semana pasada del "grave" deterioro de la situación de los derechos humanos.

El informe documentó detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos a presos, aumento de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa y otros abusos.

En una intervención por vídeo, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, denunció las "injusticias, parcialidades e ilegalidades" del documento, realizado, a su juicio, "con una agenda definida".

Estos instrumentos, usados por los "imperialistas" para intervenir en los asuntos internos, "violan el principio de no intervención", estimó Morales, a quien Washington sancionó en marzo "por ser cómplice de la opresión".

A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en el mundo y 18.545 obtuvieron el estatuto de refugiado, indicó en febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.