
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a una pareja mexicana con residencia permanente legal (Green Card) en Los Fresnos, Texas, a mediados de febrero. Leonardo Báez y Nora Ávila Guel, dueños de una panadería local, fueron acusados de albergar y emplear a inmigrantes indocumentados en su negocio, lo que podría costarles no solo su libertad, sino también su única fuente de sustento.
El caso generó inquietud en la comunidad, donde Abby’s Bakery es un establecimiento reconocido. Además de la detención de la pareja, ocho empleados fueron puestos bajo custodia del ICE. La situación abre un debate sobre las consecuencias legales para los residentes legales que infringen las leyes migratorias en Estados Unidos, y cómo estas medidas impactan en pequeños negocios y familias trabajadoras.
La operación se realizó el 12 de febrero en Los Fresnos, un pequeño poblado ubicado en el Valle del Río Grande, Texas. Agentes de ICE irrumpieron en la panadería Abby’s Bakery tras una investigación que apuntaba a violaciones migratorias. El informe oficial indica que al menos ocho empleados trabajaban sin autorización legal y seis de ellos ingresaron al país con visas temporales no válidas para ejercer actividades laborales.
Los dueños, Leonardo Báez y Nora Ávila Guel, fueron acusados formalmente de “albergar a extranjeros indocumentados” y de “emplearlos de manera ilegal”. En la vivienda adjunta al local, también propiedad de la pareja, vivían varios de los trabajadores bajo condiciones precarias. Según el documento judicial, algunos de ellos cobraban salarios de apenas 8 dólares por hora. El Departamento de Seguridad Nacional detalló que estas acciones violan normas federales que prohíben explícitamente el empleo de inmigrantes no autorizados.
Abby's Bakery no solo representa un emprendimiento personal para Báez y Ávila, sino que también es un símbolo de esfuerzo dentro de la comunidad de Los Fresnos. Con una clientela leal y más de una década de servicio, la panadería generaba empleo y mantenía la economía local activa. Sin embargo, tras los arrestos y el cierre temporal del establecimiento, el futuro del negocio está en riesgo.
Actualmente, la pareja fue liberada tras el pago de una fianza de US$100.000. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, además de la posible revocación de su Green Card. Su situación migratoria podría complicarse aún más, ya que una condena penal puede influir negativamente en procesos de naturalización o incluso resultar en deportación. La comunidad, por su parte, ha manifestado apoyo a la familia y ha iniciado una campaña en redes sociales para pedir clemencia.
Las leyes migratorias federales establecen sanciones severas para quienes contratan a personas sin autorización para trabajar. En este caso, el ICE actuó bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que contempla penalidades tanto civiles como penales para empleadores que infringen la normativa. Estas son algunas de las consecuencias más comunes:
Además, contratar trabajadores sin estatus legal puede comprometer la viabilidad de pequeñas empresas. En el caso de Abby’s Bakery, los riesgos legales y financieros podrían acabar con años de esfuerzo, inversión y trabajo familiar.

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