Documento de la Comisión de Transportes también acusa al titular de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle. Informe en minoría los exculpa. Congreso., Martín Hidalgo Bustamante. El grupo de trabajo especial de la Comisión de Transportes aprobó su informe final donde indican que existen indicios razonables de que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo, el ex titular de Defensa Jaime Thorne y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Frank Boyle, habrían incurrido en infracción constitucional de los artículos 44, 163 y 165 de la Constitución Política del Estado en la concesión del Terminal Multipropósito del Callao. Ante ello, la subcomisión recomienda derivar la acusación a la instancia correspondiente. ¿Pero en qué se basa la acusación a los dos ex ministros de Alan García y el titular de la APN? A SU CONVENIENCIA Según las conclusiones de dicho grupo de trabajo, al que La República tuvo acceso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo Portuario sin respetar los procedimientos contemplados en la Ley 27943 y su respectivo reglamento. "Los cambios sucesivos han tenido como propósito justificar las privatizaciones de los terminales portuarios de Paita y el Callao", dice el documento. Asimismo, acusan a Enrique Cornejo y a Frank Boyle de emitir decisiones normativas con el objeto de debilitar a la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), favoreciendo así la transferencia al sector privado. Mientras que al ex titular de la cartera de Defensa se le acusa –junto a Cornejo y Boyle– por no tomar en consideración las observaciones de la Marina de Guerra trasmitidas a través del sector Defensa mediante el oficio Nº 431-2011-MIMDEF, del pasado 24 de marzo del 2011. Estos mismos funcionarios –agrega el informe– tampoco tomaron en cuenta la opinión desfavorable de la misma Marina que señala expresamente que en salvaguarda del carácter estratégico de las áreas acuáticas y terrestres para fines de defensa nacional, no se debía "desafectar" el acceso a las áreas de influencia a concesionarse en el Callao. Además, en dicha concesión, APM Terminal entregó una oferta inicial por un monto de inversión de US$ 1.939 millones que se transformó en un contrato final de US$ 749 millones por 30 años de concesión. TAMBIÉN EN PAITA De otro lado, el informe final señala que ProInversión desnaturalizó la esencia del concurso de concesión modificando las bases sustancialmente a través de 41 circulares en contra de los propios objetivos de las bases, con el fin de favorecer a la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita. "Cambiaron las bases para otorgar hasta tres prórrogas para la suscripción del contrato final de concesión", apuntan. En su mensaje a la Nación en el 2011, el presidente Ollanta Humala prometió fortalecer ENAPU como una "empresa eficiente". Una promesa que los gremios portuarios aún no han visto materializada. TUBINO ACUSA DE PARCIALIZACIÓN El congresista fujimorista Carlos Tubino presentó un informe en minoría acusando que el resto de integrantes del grupo de trabajo (Rogelio Canches, Enrique Wong y Roberto Angulo) parcializaron la investigación. Sostiene que en el caso de Paita la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios archivó una denuncia sobre las irregularidades. En tanto, exige al Poder Ejecutivo definir el futuro de Enapu y a Ositran (el regulador) y elaborar un informe técnico legal sobre el incumplimiento contractual de las empresas APM Terminals y de TPE Euroandinos.
