
En Florida, un nuevo proyecto de ley que amplía las opciones de la pena de muerte de los criminales fue aprobado en la reciente sesión legislativa. Este proyecto, denominado ley 903 de la Cámara de Representantes estatal, podría entrar en vigor tras la firma del gobernador Ron DeSantis.
Según el medio WFLA, la iniciativa contempla la inclusión de métodos adicionales a la inyección letal y la silla eléctrica, tales como el gas letal y un pelotón de fusilamiento. Con su aprobación preliminar, la propuesta ahora aguarda la decisión del mandatario estatal para su implementación.
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El representante estatal Berny Jacques, de Clearwater, presentó el proyecto de ley que busca modificar la legislación sobre la pena de muerte. Anteriormente, Jacques presentó el proyecto de ley 1804, el cual permite a los fiscales solicitar la pena capital en casos de delitos graves, como el tráfico de menores de 12 años o de personas con discapacidades mentales.
Jacques reafirmó su compromiso con la iniciativa presentada. "Si nuestros métodos actuales no están disponibles o se considera que son inconstitucionales, el estado puede recurrir a cualquier método que no se considere inconstitucional", indicó, según lo reportado por WFLA.
Desde 1977 hasta mediados de febrero de 2025, Florida se posiciona como el cuarto estado de Estados Unidos con más ejecuciones, alcanzando un total de 107 penas de muerte.
Este estado es superado por Texas, que lidera con 593 ejecuciones, seguido por Oklahoma con 127 y Virginia con 113, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La inyección letal se ha consolidado como el método más utilizado, registrando 1.428 ejecuciones desde 1977. Además, se realizaron 163 ejecuciones mediante electrocución, 15 por gas y 3 por ahorcamiento.
Cabe resaltar que Ron DeSantis firmó una ley que establece la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves, como asesinato en primer grado y violación infantil.
Con un presupuesto asignado de US$298 millones, la ley prevé la contratación de agentes de seguridad especializados, la adquisición de equipos, así como capacitaciones y bonificaciones para aquellos que colaboren con las autoridades federales.

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