
La Corte Suprema de Estados Unidos concedió al presidente Donald Trump una victoria clave al autorizar, de manera temporal, la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta medida habilita al Ejecutivo a realizar deportaciones exprés de inmigrantes considerados una amenaza, mientras el litigio continúa en instancias judiciales inferiores.
La decisión, emitida sin firma, permite que la Casa Blanca utilice esta antigua norma de tiempos de guerra para acelerar la expulsión de presuntos miembros de pandillas. El fallo ha generado divisiones en el ámbito judicial y político, con fuertes críticas de los jueces progresistas y el respaldo inmediato del equipo de Trump, incluyendo figuras como Pam Bondi y Kristi Noem.
El 15 de marzo, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que Estados Unidos enfrenta una “invasión” de presuntos integrantes de pandillas provenientes de Venezuela. Esta ley, redactada en el siglo XVIII, otorga al presidente amplios poderes en contextos de guerra o amenaza externa para remover a extranjeros considerados peligrosos.
Tras la aplicación de esta medida, más de 200 venezolanos fueron deportados en vuelos dirigidos a El Salvador, donde están detenidos en una prisión de máxima seguridad. La administración Trump asegura que muchos de ellos pertenecen al grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre el proceso para determinar estas afiliaciones, especialmente después de la deportación errónea de Kilmar Armando Abrego Garcia, un padre residente en Maryland.
La Corte Suprema avaló el uso provisional de esta autoridad presidencial, pero estableció condiciones. Los inmigrantes deben ser notificados de que están sujetos a esta ley y deben tener la oportunidad de presentar solicitudes de hábeas corpus antes de ser expulsados. La jueza Sonia Sotomayor criticó enérgicamente la medida, asegurando que “representa una amenaza extraordinaria para el estado de derecho”.
En su disenso, la jueza Ketanji Brown Jackson comparó esta decisión con el polémico caso Korematsu v. United States de 1944, que avaló el internamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Jackson lamentó la falta de proceso formal, ya que el fallo se dio sin argumentos orales ni documentos extensos para revisión.
Tras el anuncio, figuras clave del gabinete de Trump aplaudieron la resolución. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, calificó la decisión como una "victoria histórica para el estado de derecho", mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó: “¡Váyanse ahora o los arrestaremos, encerraremos y deportaremos!”
El juez federal James Boasberg, quien había bloqueado temporalmente el uso de la ley, continúa analizando si mantener indefinidamente la restricción. También estudia si hubo desacato por parte de funcionarios de la administración Trump al permitir deportaciones en contra de su orden. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC respaldó parcialmente la medida del juez, en un fallo dividido (2-1) emitido el 26 de marzo.

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