Jueza rechaza denegar a Musk y su departamento acceso a datos de ciudadanos de EEUU

Una juez estadounidense rechazó el martes una petición para bloquear temporalmente a Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) su competencia para despedir empleados federales y su acceso a datos de los contribuyentes.

Catorce estados gobernados por demócratas presentaron una demanda la semana pasada impugnando la autoridad de Musk, pero la jueza de distrito Tanya Chutkan denegó su petición, aunque sin pronunciarse sobre el fondo del caso.

Estos estados argumentan que los amplios poderes otorgados al magnate tecnológico violan las secciones de la Constitución relacionadas con los nombramientos de funcionarios.

Solicitaban a la jueza que le impidiera acceder a los datos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), de los departamentos de Educación, Trabajo, Salud, Energía, Transportes y Comercio, o despedir a los empleados de esas entidades públicas.

"Los demandantes legítimamente cuestionan lo que parece ser la autoridad sin control de un individuo no elegido y de una entidad que no fue creada por el Congreso y sobre la cual este no tiene supervisión", subraya, sin embargo, la jueza Chutkan.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó durante la diligencia que Musk no dirige el DOGE, aunque parece ser su principal responsable.

El DOGE "está separado de la Casa Blanca", declaró Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la sede de la presidencia estadounidense.

"Musk es empleado por la Oficina de la Casa Blanca. No es un trabajador de DOGE" y "no es el administrador" de esa dependencia, aseguró.

La decisión se trata de un nuevo éxito provisional para el gobierno de Donald Trump, cuyas numerosas órdenes ejecutivas ya han sido objeto de múltiples recursos legales, muchos de los cuales tuvieron éxito.

El lunes, un juez federal rechazó un amparo similar para prohibir que la dependencia de Musk accediera a los datos del Departamento de Educación. Y la semana pasada, una corte restableció el plan de la administración Trump que instaba a los funcionarios a dimitir.

Creado por un decreto presidencial de Trump el 20 de enero, día de su investidura, DOGE tiene como misión "modernizar la tecnología y los softwares federales para maximizar la eficacia y la productividad del gobierno".

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