En plena crisis, el Gobierno promueve una reforma del sistema de justicia

Es una noticia que casi pasó desapercibida. El jueves se instaló el consejo técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ), organismo creado en el 2019, en el gobierno de Martín Vizcarra —luego de revelado el escándalo de los ‘Cuellos Blancos’—, que busca generar consensos para un mejor sistema de administración de justicia.

Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, dirigió la sesión de la instalación. Todavía no se conoce un plan de trabajo.

Si bien la iniciativa de convocar al consejo técnico del CRSJ puede parecer buena, ocurre en medio de una crisis profunda del sistema de justicia y político.

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“No es un buen momento”, advirtió el abogado y exprocurador César Azabache.

Considera que cualquier intento de reforma requiere confianza y que sus promotores tengan la legitimidad suficiente. La clave de la justicia —añadió— es que la gente se sienta protegida, lo cual incluye sobre todo a minorías, mujeres y poblaciones vulnerables en general.

“Dicho esto, ¿cómo se concilia que se promueva un proceso de reforma cuando, por ejemplo, las familias de las víctimas asesinadas en las manifestaciones del 2022 y 2023 no encuentran justicia y la presidenta Dina Boluarte se burla de ellas?”, preguntó el exprocurador.

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En ese sentido, Azabache indicó que un impulso para la reforma podría venir del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público (MP), que en estos momentos son las instituciones menos cuestionadas del sistema.  “Por ejemplo, el Ministerio Público está en una redefinición luego de la catástrofe que significó Patricia Benavides. Bueno, habría que conocer cuál es la posición del MP y del PJ sobre la reforma”, declaró.

Prioridades

Posiblemente, las circunstancias no sean las más propicias para una reforma. Pero, en teoría al menos, no se parte desde cero.

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez señaló que se debería retomar lo avanzado. Por ejemplo, en enero del 2021, el entonces presidente Francisco Sagasti lideró una sesión del CRSJ. Y el ministro de Justicia era Eduardo Vega.

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Vega recordó que en el gobierno transitorio de Sagasti se aprobó la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (2021-2025), un documento de 361 páginas de libre descarga para quien desee consultarlo.

Esta política tiene nueve objetivos estratégicos e incluye un presupuesto de lo que costaría su implementación en cinco años. De acuerdo con Vega, este plan puede resumirse en tres ejes: modernización del sistema de justicia, lucha contra la corrupción y acceso a la justicia de sectores vulnerables.

En el gobierno de Pedro Castillo no se convocó al consejo. Ahora de nuevo se retoma el tema. Según Vega, hay temas que deberían priorizarse.

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Primero, avanzar en la interoperabilidad del sistema de justicia. Es decir, que los sistemas informáticos del PJ, MP y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —principalmente— estén interconectados, en la lógica de brindar un servicio rápido de información al ciudadano. “Seguir avanzando en el Expediente Judicial Electrónico (EJE) es clave”, dijo Vega. Segundo, la descarga procesal. “Un asunto histórico, pero que tiene que ser abordado con seriedad y rapidez en favor de la ciudadanía”, añadió. Tercero, la reducción de los jueces y fiscales provisionales. “Cerca del 50% lo son”, advirtió el extitular del Minjus. Y cuarto, fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinarios en magistrados, policías y abogados litigantes.

Al mismo tiempo, Vega señaló que debería pensarse en reformar el modelo de formación de los magistrados, la ley orgánica del MP y el Código Procesal Civil para darles mayor celeridad a los procesos.

Por su parte, la también exministra de Justicia Ana Neyra coincidió en que se debería recuperar la mencionada Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, aprobada el 2021.

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Recordó que esta tiene como objetivos prioritarios promover el acceso a la justicia, fortalecer las políticas anticorrupción y de control disciplinario y ético, impulsar la interoperabilidad de los sistemas, modernizar los procesos judiciales y el sistema penitenciario, fortalecer los recursos humanos del sistema (con énfasis en los procesos de selección y ascenso), mejorar el ejercicio y la formación de la abogacía, combatir la violencia contra la mujer y reforzar la predictibilidad. 

Se necesitan acciones contra la corrupción

La exministra Ana Neyra dijo que las prioridades del consejo técnico del CRSJ “incidirían en acciones, normativas y administrativas, para la lucha contra la corrupción y el control disciplinario y ético, a fin de que las instituciones resuelvan según la Constitución y los derechos humanos, y no para favorecer intereses privados o ilícitos”.

Este consejo técnico lo conforman representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, de los ministerios de Justicia, Interior y Economía, del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones y un representante de las rondas campesinas.