Generales sin recompensa: ex altos mandos militares continúan prófugos y sin aparecer en la lista de los más buscados

Con la decisión de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de confirmar la condena de 15 años de prisión para el general EP (r) Luis Pérez Documet, por el secuestro y desaparición del profesor César Hilario Trucios, suman cuatro los generales del Ejército que han recibido sentencias por actos criminales durante el conflicto armado interno: José Valdivia Dueñas, Petronio Fernández Dávila y Manuel Delgado Rojas. Los cuatro se encuentran en condición de prófugos. Pese a la gravedad de los hechos que protagonizaron, ninguno de los cuatro generales aparece en la lista del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

En muchos casos, los generales no habidos no afrontan uno sino varios episodios por los que deben responder, como el mencionado general Luis Pérez Documet. Después de que el 7 de marzo de 1991, como jefe político militar del Frente Mantaro, y comandante general de la 31° División de Infantería de Huancayo, ordenó la detención de César Hilario Trucios, Pérez, siendo jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE), contribuyó en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, que lideraron Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos. No fue lo único que hizo durante el régimen fujimorista.

Poco después, el 18 de julio del mismo año, el general Luis Pérez facilitó que un contingente del Destacamento Colina –la organización criminal integrada por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE–, encabezado por el mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, ingrese en la Universidad La Cantuta, que se encontraba bajo su jurisdicción. Así permitió el secuestro de un profesor y nueve estudiantes, quienes luego fueron ejecutados por el mismo Santiago Martín y sus secuaces.

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Aunque asistió con frecuencia a los interrogatorios fiscales y audiencias judiciales, y estuvo una temporada en prisión, el general Luis Pérez, conocido por el apelativo de Tuto por sus amigos, siempre negó los hechos. O se negó convenientemente a hablar. En el juicio contra Fujimori en 2008, citado para que relatara su papel en el caso La Cantuta, el exmilitar prefirió acogerse al silencio. Pero en 2021 no pudo sortear el juicio por la desaparición del profesor César Hilario Trucios, por parte de militares del cuartel La Granja, ubicado en Concepción, Junín, que estaba directamente bajo su mando.

Durante el proceso, además de la declaración de testigos que confirmaron que el profesor Hilario fue encerrado en La Granja, también se acreditó que Luis Pérez Documet negó el apresamiento de la víctima y obstaculizó la acción de las autoridades judiciales. Pérez, desde entonces, es no habido. Incorporarlo en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior podría facilitar su captura, no solo para que cumpla la condena de 15 años por la desaparición del profesor César Hilario, sino también para que rinda cuentas por los otros casos.

Otro militar de alto rango que fue parte de la cúpula que controlaban Fujimori, Montesinos y Hermoza es el general EP (r) José Valdivia Dueñas, muy conocido por el sobrenombre de El Mariscalito. Su implicación en la matanza de al menos 40 campesinos en el distrito de Cayara (provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho), en 1988, no fue impedimento para que escalara posiciones durante el régimen fujimorista. Cumplía funciones como comandante general de la II Región Militar, con sede en Lima, cuando participó en el golpe del 5 de abril de 1992, por lo que fue sentenciado a 12 años de carcelería en 2021. El tribunal concluyó que El Mariscalito, junto a otros jerarcas castrenses de entonces, fue parte del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y empresarios y políticos. Valdivia no se hizo presente. En marzo del 2022, fue declarado reo contumaz porque dejó de asistir a las audiencias por el homicidio múltiple en Cayara.

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Según el Ministerio del Interior, “el programa de recompensas te permite ayudar a la justicia brindando información que permita la búsqueda, captura y entrega de criminales, presuntos delincuentes y terroristas a cambio de un premio económico. El programa es anónimo, seguro y las llamadas son gratuitas. Si tu información es útil, se procede a atrapar al prófugo”.

En 2012, el exjefe del Comando Político Militar del Mantaro entre 1989 y 1990 general EP (r) Manuel Delgado Rojas fue sentenciado a 15 años de cárcel por la desaparición de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, Francisco Fernández Gálvez y Alcides Ccopa Taype, en 1989. El general Delgado y otros exjefes del Comando Político Militar del Mantaro, entre 1989 y 1994, practicaron el secuestro y la desaparición de estudiantes universitarios, bajo la sospecha de integrar Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Se estima que fueron 140 las víctimas en dicho periodo.

En 2014, el general Manuel Delgado Rojas recibió otra sentencia, esta vez de 20 años, por su intervención en un operativo de efectivos del Ejército en el distrito de Pucará, en Junín. Los uniformaron simularon ser miembros del grupo terrorista MRTA y ejecutaron a ocho personas, acusándolas de pertenecer a Sendero Luminoso, el 4 de noviembre de 1989. Junto con él también recibió sentencia el general EP (r) Carlos Bergamino Cruz, exministro de Defensa del régimen de Fujimori y Montesinos, quien purga condenas por actos de corrupción de funcionarios. Pero el general Manuel Delgado Rojas nunca se ha aparecido. Sigue prófugo. Empero, no está comprendido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

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La República buscó la versión del secretario técnico de recompensas del Mininter, Eduardo Vergaray, quien requería de la autorización del viceministro de Orden Interno, Miguel Ángel Núñez. Sin embargo, Vergaray no recibió el visto bueno porque Núñez se encontraba en actividades que copaban su agenda.

“Para que alguien sea incluido en la relación, si no es a criterio propio de la Comisión de Recompensas, que lo preside el viceministro de Orden Interno, tiene que solicitarlo alguien, una persona natural, cualquier institución de la sociedad civil o una institución estatal”, explicó el exministro del Interior Rubén Vargas.

“Entonces, tendría que hacerse a solicitud de una institución de la sociedad civil, de cualquier autoridad o, finalmente, de cualquier ciudadano. Y esa solicitud lo evalúa, lo califica, la Comisión de Recompensas”, añadió Vargas.

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La ausencia de recompensas para la búsqueda de condenados por delitos de lesa humanidad crea un clima de impunidad. Por imputaciones menos graves, centenares aparecen en la relación del Ministerio del Interior.

“El caso de estos generales tiene mayor relevancia porque son condenados por graves violaciones de los derechos humanos, gravedad definida por el número de las víctimas, las atrocidades cometidas y la forma como fueron realizadas. Operaciones que involucraron un poder del Estado, usado incluso para fines ya no solo contrarios al derecho sino incluso que revelaban métodos del terrorismo de Estado, y para esos casos el programa de recompensas se justifica doblemente”, manifestó el exprocurador del Caso Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado.

“Siendo un programa del Ejecutivo que se realiza mediante el Ministerio del Interior, es el Poder Judicial y el Ministerio Público son los llamados a exigir que estos condenados sean incorporados en este programa de búsqueda”, apuntó Maldonado.

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El exjefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1990 general EP (r) Petronio Fernández Dávila hace un año fue condenado a 14 años de prisión por la desaparición de Guadalupe Ccallocunto Olano. Desde entonces está prófugo. El exjefe del mismo comando en 1985 general EP (r) Wilfredo Mori Orzo recibió 25 años por la matanza de 69 personas en Accomarca, Ayacucho. Aunque Mori no es habido, en este caso sí se ofrece recompensa: 20.000 soles.

“El estado abdica de sus obligaciones”

Antonio Maldonado, exprocurador público

“Claramente hay una actitud omisiva, un resultado de protección, un resultado de impunidad, que puede producirse en alguna figura delictiva como encubrimiento personal. Pero más allá de eso, el concepto es, digamos, que el Estado abdica de su deber de investigar y sancionar, y el resultado obvio que es capturar a los que se requiere que sean capturados en el marco de una investigación y más aún si han sido condenados.

El Estado abdica de ese deber derivado de sus obligaciones de investigación y de sanción y se colude con estos personajes en un esquema de impunidad, que en primer lugar vulnera los principios de obligaciones internacionales del Estado, como el deber de verdad, de justicia, de reparación, de memoria histórica y de no repetición”.

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“Policía judicial debe cumplir con la sentencia”

Rubén Vargas, exministro del Interior

“Si hay una sentencia condenatoria, y obviamente eso significa una orden de detención para que se cumpla el mandato judicial, entonces sin duda que allí hay una responsabilidad de la policía judicial que tendría que cumplir la resolución judicial, la sentencia.

La policía judicial tendría que ejecutar la sentencia, la orden de captura que corresponde a una sentencia condenatoria por un delito grave, como es la violación de los derechos humanos. Sería importante que instituciones de la sociedad civil o cualquier otro organismo, como por ejemplo el Ministerio Público, podría solicitar que se incluya en el sistema de recompensas o el Poder Judicial. De hecho que en muchos casos han sido requeridos precisamente por el Poder Judicial, por el Ministerio Público o por el Congreso.

El dato

20.000 soles es la recompensa por el prófugo general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, condenado por Accomarca.