Fiscalía sustentó impedimento de salida para exdirectivos de GyM e ICCGSA

El último lunes 17 de mayo, el Ministerio Público terminó de sustentar ante el Poder Judicial el pedido de comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 18 meses contra los empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, José Castillo Dibós y Fernando Gonzalo Camet Piccone por el caso Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la entidad comunicó que los exdirectivos de Graña y Montero e ICCGSA, investigados por el presunto delito de lavado de activos, “cuentan con la capacidad económica” para poder salir de territorio nacional y de esta forma obstruir las investigaciones en su contra.

“El pedido fiscal se sostiene en que los investigados podrían obstruir la acción de la justicia porque cuentan con la capacidad económica para viajar a diversos países, como lo señalan también sus registros migratorios”, se lee en el pronunciamiento.

Esta sustentación estuvo a cargo de Reyna More Chumacero, fiscal adjunta del equipo especial del caso Lava Jato, quien, además de las referidas medidas, también solicitó el pago de una caución de un millón de soles para cada uno de los empresarios.

De igual manera, la Fiscalía detalló que la audiencia del caso continuará el 26 de mayo a las 2.30 p. m. en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Por otra parte, fuentes de La República precisaron que en esta ocasión intervendrán las defensas de Castillo Dibós y luego la de Gonzalo Camet, y faltaría concluir un mínimo de tres audiencias más.

De acuerdo a la tesis de la fiscalía, los exfuncionarios de Graña y Montero e ICCGSA tuvieron conocimiento y participaron en los acuerdos ilegales entre el representante de Odebrecht, Jorge Barata, y el expresidente Toledo para ser favorecido en la licitación de la adjudicación de los contratos de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Esa participación se acredita, de acuerdo con el Ministerio Público, al haber cedido parte de las utilidades de las empresas que ellos representaban a favor de Odebrecht para que cubra el monto de los contratos. El dinero se transfiere como cesión de utilidades para dar visos de legalidad a la operación bancaria y encubrir los delitos de colusión.

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