Juez evalúa comparecencia para directivos de constructoras
Interoceánica. La fiscalía pide impedimento de salida del país para directivos de GyM, JJC e ICCGSA.
El juez Richard Concepción Carhuancho definirá la próxima semana si impone, a pedido de la fiscalía, nuevas medidas de restricción a la libertad de cinco empresarios de la construcción que integraron, junto a Odebrecht, parte del consorcio que construyó el tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
El Equipo Especial ha pedido que se imponga comparecencia restringida más impedimento de salida del país a los exdirectivos de Graña y Montero José Graña Miró Quesada, su primo Hernando Graña Acuña y el exrepresentante de la empresa Gonzalo Ferraro Rey.
Además, a los exejecutivos de JJC e ICCGSA, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, en la investigación que se les sigue junto al expresidente Alejandro Toledo por delitos de lavado de activos y cómplices del delito de colusión.
De acuerdo con la fiscalía, ellos tuvieron conocimiento y participaron en los acuerdos ilegales entre el representante de Odebrecht, Jorge Barata, y el expresidente Toledo para ser favorecido en la licitación de la adjudicación de los contratos de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña se han comprometido a entregar “información relevante” al Equipo Especial Lava Jato sobre la responsabilidad de “autoridades políticas de primer nivel”.
Esa participación se acredita, de acuerdo con la fiscalía, al haber cedido parte de las utilidades de las empresas que ellos representaban, a favor de Odebrecht para que cubra el monto de los contratos. El dinero se transfiere como cesión de utilidades para dar visos de legalidad a la operación bancaria y encubrir los delitos de colusión.
El acusado José Graña Miró Quesada no solo tuvo conocimiento de las conversaciones, del pacto ilícito entre Jorge Barata y el expresidente Toledo, el pago de los 20 millones, sino también de las ventajas que traería con la adjudicación de los contratos, señaló la fiscal Eliana More ante el juez Concepción Carhuancho.
Además, en el reparto de utilidades de manera distinta al porcentaje que correspondía a la sociedad. En este contexto, Graña y Montero autorizó ceder a Odebrecht 11.331.424.43 soles por concepto de riesgos adicionales, que era el reembolso a los pagos que ya había efectuado la empresa constructora Odebrecht.
La fiscalía presentó como respaldo de esta acusación la declaración de Jorge Barata y de los mismos acusados donde reconocen el acuerdo con Odebrecht, en la que también participaron los representantes de JJC e ICCGSA.
Anotó que en el documento de constitución del consorcio Conirsa suscrito por los representantes de Odebrecht, GyM, JJC e ICCGSA no aparece el pago de dividendos diferenciados o compensación a favor de Odebrecht, como líder de la operación en IIRSA, con lo cual ahora se justifica la distribución diferenciada de dividendos.
Colaboración. Investigaciones se concentran en las declaraciones de Jorge Barata, por lo que su testimonio en juicio será fundamental para sentencia. Foto: difusión
La fiscalía también describió estos hechos en relación con Gonzalo Ferraro Rey, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, señalando que causaron un grave perjuicio al Estado. Luego de escuchar a la fiscalía y revisar su agenda, el juez programó continuar la audiencia el próximo lunes 17 de mayo.
Ese día, los abogados defensores presentarán sus descargos y posición frente a la fiscalía, respecto de cada uno de los acusados y luego el juez tomará una decisión sea acogiendo o rechazando los pedido de impedimento de salida del país.
Penas
Concurso. La fiscalía pide para José Graña, Fernando Camet y José Castillo 20 años y 6 meses de prisión por delitos de colusión y lavado de activos.
Cómplice. Para Gonzalo Ferraro y Hernando Graña Acuña pide 11 años y seis meses, por delito de lavado de activos.
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