Juez evaluará restricciones contra José Graña y otros empresarios el próximo lunes

Exdirectivos de Graña y Montero, JJC e ICCGSA están acusados por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur por beneficiar a Odebrecht.

Magistrado reservó la revisión del pedido fiscal en el caso contra Alejandro Toledo. Foto: La República
Magistrado reservó la revisión del pedido fiscal en el caso contra Alejandro Toledo. Foto: La República

Por Alonso Collantes

El magistrado Richard Concepción Carhuancho seguirá evaluando el lunes 17 de mayo, desde las 9 a.m. las restricciones e impedimento de salida del país solicitadas por la Fiscalía contra cinco empresarios acusados por el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

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Entre ellos se encuentran exdirectivos de Graña y Montero como José Graña Miró Quesada, su primo Hernando Graña Acuña, y el exrepresentante de la empresa, Gonzalo Ferraro Rey. Además de los exejecutivos de JJC e ICCGSA, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, respectivamente.

La audiencia para revisar el pedido del Ministerio Público, si bien inició semanas atrás, este lunes continuó la sustentación fiscal de elementos de convicción contra los empresarios.

De esta manera, la fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Eliana More, señaló que existió un acuerdo ilegal entre los implicados y la empresa Odebrecht, pues entre febrero y marzo de 2011, se acordó en una junta de accionistas del consorcio Conirsa pagar S/11.331.424 por el concepto de “riesgos adicionales” a la constructora brasileña.

Para la Fiscalía ello fue una forma de reembolsar o restituir el dinero que la empresa Odebrecht había transferido al expresidente Alejandro Toledo a cambio de la adjudicación y ejecución de la carretera Interoceánica.

Por otra parte, la fiscal enumeró el peligro de fuga contra los empresarios José Castillo y Fernando Camet al indicar que ambos tenían solvencia económica, registraron cientos de viajes al extranjero entre 1994 y 2020, por lo que podrían huir de la justicia.

Las limitaciones planteadas contra ambos, por el momento, son de incomunicación con testigos o procesados del caso, no ausentarse de su localidad sin autorización judicial así como el pago de una caución de S/1.000.000 al Estado.

Dado que aún faltan sustentar diversos elementos contra el resto de empresarios, la audiencia continuará el próximo lunes por la mañana.

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