Willy Ramirez Chávarry, exmiembro del JNE vinculado a Patricia Benavides, es nombrado en puesto clave del Ministerio de Justicia

Willy Ramírez Chávarry, exvocal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señalado por presuntos vínculos con la fiscal Patricia Benavides, ha sido designado como director general de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), un puesto de confianza dentro de la mencionada cartera, actualmente liderada por Luis Enrique Jiménez Borja. Su designación ha sido oficializada hoy en el diario oficial El Peruano.

El exmiembro del JNE fue jurado de la tesis de maestría de Benavides en la Universidad Alas Peruanas (UAP), hecho que ratificó en un documento que cuenta con su firma. Incluso calificó la investigación como “summa cum laude”, una distinción otorgada a estudiantes con desempeños excepcionales en sus sustentaciones.

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Como se recuerda, las tesis de Benavides, fundamentales para sustentar sus grados académicos, no se encontraban en ningún repositorio. Asimismo, tras hacerse públicas, se señaló que presentaban altos niveles de plagio. La acusación resultó grave debido a que dichos grados eran esenciales para su ascenso en la carrera pública.

Ahora, Ramírez Chávarry, como director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), tendrá la responsabilidad de diseñar y ejecutar la política pública del Estado peruano en materia de derechos humanos dentro de su sector.

También ha sido vinculado al fujimorismo

Ramírez Chávarry también ha sido señalado por presuntos nexos familiares que lo acercarían a Fuerza Popular. El exmagistrado del JNE es primo de Joaquín Ramírez, exsecretario general de ese partido. Al respecto, Ramírez Chávarry ha señalado que nunca ha simpatizado con el fujimorismo y que no mantiene relación con su primo.

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El familiar del exmagistrado del JNE ha estado envuelto en diversas polémicas, principalmente por investigaciones por presunto lavado de activos. Una de las más conocidas surgió en 2016, cuando un piloto que colaboraba con la DEA afirmó haber grabado una conversación en la que Ramírez decía haber lavado 15 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, acusación que ambos negaron.

Además, la Fiscalía peruana lo ha investigado por un supuesto desbalance patrimonial y por la compra de inmuebles y otros bienes que no se justificarían con sus ingresos, lo que llevó a la incautación de numerosas propiedades vinculadas a su entorno empresarial.