Política

Fuerza Popular blinda a Dina Boluarte en el caso Rolex: recomiendan a la SAC no acusarla constitucionalmente

El informe final presentado por la congresista fujimorista Nilza Merly Chacón a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también indica que el Congreso podría denunciar a la Fiscalía.

Dina Boluarte podría librarse del caso Rolex. Foto. composición LR
Dina Boluarte podría librarse del caso Rolex. Foto. composición LR

Fuerza Popular no solo blinda y respalda continuamente a Dina Boluarte, sino que ahora busca librarla del caso Rólex. El informe final de la congresista fujimorista Nilza Chacón recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivar la denuncia constitucional contra la presidenta por presunto cohecho y, además, exhorta al Congreso a evaluar una denuncia contra la Fiscalía de la Nación por supuestamente haber cometido una "infracción constitucional".

Chacón Trujillo es, por encargo de la SAC, la encargada de elaborar el informe final de la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena el 27 de mayo del 2024. Chacón también es un miembro activo del partido de Keiko Fujimori que, desde el destape del caso Rolex, se dedicó a deslegitimar estas acusaciones.

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Fuerza Popular se ampara en el artículo 117 de la Constitución para recomendar el archivo de la denuncia contra Boluarte

Por eso, no sorprende que el documento presentado este 10 de abril ante la presidenta de la SAC, María Acuña, concluya que es "constitucionalmente correcto" y "jurídicamente obligatorio" no formular acusación contra la jefa de Estado porque la denuncia presentada por Villena Campana va contra el artículo 117 de la Constitución.

De acuerdo con la parlamentaria, los hechos imputados (cohecho pasivo impropio) no están previstos en dicho artículo y fueron presentados, a pesar de que la denunciada aún ejerce como jefa de Estado.

El artículo 117 de la Carta Magna establece que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso.

Usando este artículo como fundamento, Chacón Trujillo resaltó que formular una acusación "vulneraría el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso" y se estaría "ignorando una prohibición expresa contenida en la Carta Magna".

Informe final exhorta al Congreso a denunciar a la Fiscalía

No quedó ahí. La parlamentaria aprovechó en ir contra la Fiscalía y la acusó de haber realizado una acción "indebida" al haber presentado una denuncia que no le permite la Carta Magna y de no "obedecer los fines de búsqueda de justicia". Además, señaló que el intentar forzar una figura constitucional respondería a un "acto político" y no jurídico.

Con ese sustento, el informe final también recomienda al Congreso evaluar denunciar a la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber incurrido en una "infracción constitucional".

"(Habrían usado) indebidamente su función para promover el procedimiento de una acusación constitucional expresamente prohibida, con eventuales fines políticos. (...) Esta medida no afectaría la inmunidad parlamentaria ni la autonomía del Ministerio Público", se lee en el documento.

Para justificar la activación de un procedimiento contra la Fiscalía, la legisladora se ampara en los artículos 99 y 100 de la Constitución alegando que el Congreso puede ejercer control político sobre los altos funcionarios del Estado cuando sus funciones exceden los límites constitucionales.

De archivar la denuncia, no sería la primera vez que la SAC blinde a Boluarte

El informe final será sustentado en la SAC y debatido este viernes 11 de abril. La sesión está programada para las 9.00 a.m., según la orden del día publicada por la Comisión Permanente del Congreso.

Si la recomendación de Chacón Trujillo es aprobada, la denuncia pasaría al archivo y se uniría a las otras presentadas contra la mandataria y que también fueron desestimadas.

El 18 de julio del 2024, la SAC, en ese entonces precedida por Lady Camones (Alianza para el Progreso), rechazó tramitar la denuncia constitucional por los asesinatos en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Fueron 14 parlamentarios los que votaron en contra de la admisión de la denuncia y solo cuatro estuvieron conformes con admitirla.

Menos de un año después otra denuncia fue archivada. Se trata de la decisión del SAC del 3 de abril último. Con 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el grupo de trabajo desestimó una denuncia por presunto abuso de poder que había sido presentada por el abogado Reducindo Vega, quien indicó que Boluarte junto a la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuellar habrían presionado para removerlo de su cargo como gerente del Comité Nacional de Adinistración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conaforiver).

Mañana se verá si la SAC sigue el blindaje férreo que ha demostrado a favor de la presidente o si toma postura contra y la libra de la impunidad a la que el Fujimorismo y sus aliados la han acostumbrado.

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