Gobierno de Trump deberá rastrear a los inmigrantes deportados a Sudán del Sur para un posible retorno a EEUU
Un juez federal instruyó a autoridades de Estados Unidos a seguir supervisando a inmigrantes enviados presuntamente a Sudán del Sur por el gobierno de Trump, ante dudas sobre la legalidad de esas deportaciones.
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Una decisión reciente de un juez federal ha puesto el foco sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, específicamente las implementadas durante la administración de Donald Trump. El magistrado Brian E. Murphy, de la Corte de Distrito de Massachusetts, dictaminó que las autoridades estadounidenses deben conservar la custodia y el control sobre un grupo de inmigrantes que, al parecer, fueron trasladados a Sudán del Sur.
La medida adoptada por el juez Brian E. Murphy se dio a conocer tras una audiencia de emergencia. Abogados representantes de los inmigrantes expusieron que la administración de Donald Trump inició el proceso de expulsión de ciudadanos de Myanmar y Vietnam hacia Sudán del Sur, pese a una restricción judicial que limitaba los traslados a otras naciones.
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La razón detrás del fallo del juez de Distrito Brian E. Murphy en Massachusetts
La determinación del juez Brian E. Murphy en Massachusetts surge de una preocupación fundamental por la legalidad y el trato humanitario de los inmigrantes. El magistrado dispuso que el gobierno federal debe "mantener la custodia y el control de los miembros de la clase que actualmente están siendo deportados a Sudán del Sur o a cualquier otro tercer país, para asegurar la viabilidad práctica de su retorno si la Corte determina que tales deportaciones fueron ilegales". Aunque los detalles de cómo se llevaría a cabo esta custodia quedaron a discreción del gobierno, el juez expresó su expectativa de que los inmigrantes "recibirán un trato humano".
Los abogados de los afectados informaron al juez que hasta una docena de personas de distintas nacionalidades podrían haber sido enviadas a África. Esto, según ellos, contradice una orden judicial que exige una "oportunidad significativa" para que los individuos puedan argumentar si su seguridad se vería comprometida al ser enviados a un país que no es el suyo. Un correo electrónico de un funcionario de inmigración en Texas confirmó el aparente traslado de un hombre de Myanmar, a quien se le notificó en inglés, idioma que no dominaba, horas antes de su vuelo.
Países a donde envía el gobierno de Trump a los deportados de Estados Unidos
La política de deportaciones del gobierno de Donald Trump ha mostrado una particularidad cuando ciertos países no aceptan la repatriación de sus ciudadanos. En estas circunstancias, la administración buscó y concretó acuerdos con otras naciones para albergar a los deportados. Un ejemplo notorio de esta estrategia se observó con Panamá. Otro caso que generó controversia fue el envío de ciudadanos venezolanos a una prisión en El Salvador, una acción que se fundamentó en una ley de guerra del siglo XVIII, una normativa que ha sido fuertemente impugnada en los tribunales de Estados Unidos.
La situación con Sudán del Sur se inscribe en este patrón, donde la controversia emerge por la aparente falta de notificación adecuada a los inmigrantes sobre su destino final y la oportunidad de alegar temores fundados. El juez Brian E. Murphy ya había señalado previamente que cualquier plan para deportar personas a Libia sin previo aviso constituiría una clara violación de su fallo, una disposición que también aplica a aquellos que ya han agotado sus recursos legales.
Relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Sudán del Sur
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Sudán del Sur han presentado complejidades. Un incidente reciente en abril, relacionado con una disputa sobre deportaciones, escaló al punto de provocar la revocación de visas y una prohibición de entrada para los nacionales de Sudán del Sur a Estados Unidos.
A pesar de estas tensiones, Estados Unidos se mantiene como uno de los principales donantes de ayuda humanitaria para Sudán del Sur, con un financiamiento total que supera los 640 millones de dólares en 2024, según datos de la embajada estadounidense en el país africano.
