Nueva protección para inmigrantes en EEUU: avanza proyecto de ley que prohíbe a propietarios preguntar el estatus migratorio a sus inquilinos
En Estados Unidos, un Senado estatal impulsa la aprobación del SB 599, una legislación que busca impedir la discriminación a inquilinos por su estatus migratorio y garantizar el acceso equitativo a la vivienda.
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El proyecto de ley SB 599 en Oregón avanza hacia convertirse en una legislación pionera que podría marcar un antes y un después en las políticas de protección a los inmigrantes en Estados Unidos. La propuesta legislativa busca prohibir a los propietarios de viviendas preguntar o discriminar a potenciales arrendatarios basándose en su estatus migratorio o ciudadanía. Este avance legislativo se produce tras la creciente preocupación por los casos de acoso y amenazas de desalojo sufridos por personas que han denunciado condiciones de vivienda inadecuadas, según información de The National Desk.
La iniciativa, que ya fue aprobada por el Comité Judicial de la Cámara estatal, ha contado con el apoyo de legisladores como la senadora Wlnsvey Campos, quien enfatizó que la ley es una cuestión de dignidad. “Cada residente de Oregón merece acceder a una vivienda segura y estable sin temor a ser discriminado por su lugar de nacimiento”, declaró. La medida extiende protecciones que ya existen en Portland desde 2019, buscando ahora una aplicación a nivel estatal.
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SB 599: ¿cómo protege a los inquilinos inmigrantes en Oregón?
La SB 599 establece medidas claras y concretas para garantizar que las personas no sean discriminadas por su condición migratoria al alquilar una vivienda en Oregón. Estas son las principales disposiciones del proyecto:
- Prohíbe a los propietarios y agentes inmobiliarios solicitar información sobre el estatus migratorio de un solicitante de arrendamiento.
- Impide que los arrendadores rechacen a un inquilino basándose en su ciudadanía o situación migratoria.
- Obliga a aceptar una amplia gama de documentos para verificar la identidad del solicitante, incluyendo tarjeta de Seguro Social, certificado de nacimiento, tarjeta de residencia (green card), visado, pasaporte, licencia de conducir o cualquier otro documento oficial, incluso si está vencido.
- Prohíbe a los propietarios amenazar o revelar la situación migratoria del inquilino con fines de acoso o intimidación.
- Establece sanciones legales bajo las leyes estatales de vivienda y derechos civiles para quienes incumplan estas disposiciones.
Reacciones ante el proyecto SB 599 y posibles impactos en el mercado de vivienda de Oregón
La discusión en torno al SB 599 ha sido amplia. Organizaciones como Multifamily NW y Oregon Realtors han mantenido una postura neutral, reconociendo la importancia de proteger a todos los residentes de Oregón, aunque han expresado inquietud sobre el nivel de sanciones económicas contempladas. En su testimonio escrito, Multifamily NW advirtió que las multas podrían superar los $100,000 en casos de infracción, lo que podría afectar a pequeños arrendadores y desalentar la inversión en el mercado de alquiler.
Por su parte, Sybil Hebb del Oregon Law Center defendió la necesidad de la ley, argumentando que busca reforzar las mejores prácticas ya adoptadas por muchos propietarios responsables. Además, destacó que las multas de mayor cuantía solo se aplicarían en situaciones donde se demuestre una resistencia deliberada y sistemática a cumplir con la ley.
¿Cuándo entraría en vigor el proyecto de ley SB 599 en Oregón de ser aprobado?
El siguiente paso para la SB 599 es su votación en el pleno de la Cámara de Representantes de Oregón. Si los legisladores aprueban el proyecto y el gobernador lo firma, la ley entraría en vigor de inmediato. La mayoría de sus disposiciones serían exigibles a partir de los 30 días posteriores a su promulgación.
Con esta legislación, Oregón se consolidaría como un estado comprometido con la equidad y el respeto a la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Se espera que la ley contribuya a reducir la inseguridad habitacional y proporcione un marco claro que proteja a las comunidades vulnerables frente a prácticas discriminatorias.
