Expulsión de extranjeros, militares en cárceles y cerco al sicariato: los alcances aprobados en las facultades legislativas publicadas en El Peruano
Con un plazo de 90 días, el Ejecutivo podrá hacer cambios en regulación migratoria, sistema penitenciario y delitos como sicariato y extorsión, según lo establecido por la ley.
La República en GoogleEl Congreso de la República oficializó la Ley n.º 32743, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir decretos legislativos sobre seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. La norma fue publicada el jueves 22 de octubre de 2026 en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano y establece un plazo de 90 días calendario para ejercer las facultades delegadas, contados desde su entrada en vigor.
La disposición permite al Gobierno impulsar cambios en distintas áreas relacionadas con la seguridad pública, desde la regulación migratoria y el sistema penitenciario hasta las normas aplicables a delitos como el sicariato y la extorsión. La delegación también contempla modificaciones en legislación sobre armas, crimen organizado e inteligencia nacional, dentro de los límites establecidos por la propia ley y la Constitución.
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Expulsión de extranjeros y cambios en las cárceles: qué podrá modificar el Ejecutivo con las nuevas facultades
Entre las materias autorizadas figura la revisión de las reglas de control migratorio y nacionalización. El Ejecutivo podrá legislar sobre los regímenes que regulan el ingreso, la permanencia y la situación migratoria de extranjeros, así como sobre los procedimientos relacionados con la nacionalidad. Los cambios concretos dependerán de los decretos legislativos que se emitan durante el periodo autorizado.
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La ley también habilita modificaciones en las normas penitenciarias y una reforma del Sistema Penitenciario Nacional, además de medidas para modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Otro punto contempla regular la intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Esta atribución se refiere al resguardo exterior de los penales y no supone, por sí sola, que los militares asumirán todas las funciones del personal penitenciario.
En materia de armas y productos de uso civil, el Gobierno podrá modificar el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos. La delegación incluye, además, cambios en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y en normas vinculadas con el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
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Sicariato, extorsión y crimen organizado: las normas que el Gobierno podrá reformar durante 90 días
La delegación legislativa comprende medidas relacionadas con delitos de sicariato y extorsión, así como casos de organizaciones criminales que amenacen la seguridad ciudadana. La ley permite regular la libertad vigilada después del cumplimiento de una pena para los supuestos contemplados en la norma. También autoriza al Ejecutivo a legislar para combatir la delincuencia, las redes criminales organizadas y los mercados ilícitos.
Entre las disposiciones que podrán modificarse se encuentran la Ley contra el Crimen Organizado y el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal. La norma también permite intervenir en el Decreto Legislativo 1182, el Decreto Legislativo 1338 y el Decreto Legislativo 1688, además de actualizar las reglas que regulan el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
Otro ámbito previsto es el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La finalidad indicada es mejorar la coordinación y la interoperabilidad entre ambos componentes. Aunque el eje principal de la delegación se relaciona con la seguridad ciudadana, la ley incluye expresamente al Fenómeno El Niño como la segunda materia sobre la que el Ejecutivo podrá emitir normas durante los 90 días autorizados.
