Fuerabamba acepta diálogo, pero sin estado de emergencia

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, convocó para el sábado 7 de mayo a una mesa de diálogo entre las comunidades y la empresa MMG Las Bambas. Pero la comunidad de Fuerabamba respondió que solo asistirían si se levanta el estado de emergencia decretado por 30 días.

“Nos reunimos y en asamblea hemos decidido que estamos llanos al diálogo, pero que levanten el estado de emergencia. Si eso no sucede, no hay diálogo”, dijo Edison Vargas, presidente de la comunidad.

A cuatro días del violento desalojo de los pobladores de propiedad de Las Bambas, aún no se instaura el orden ni la tranquilidad en Challhuahuacho, distrito donde opera la minera.

Ayer no se registraron incidentes, pero los comuneros advierten que continuarán con el ataque si la minera reinicia operaciones. “No sacarán ni un gramo de cobre”, dijo Vargas, quien estos días está envuelto en una polémica por los pagos que le hizo Las Bambas como indemnización por los terrenos cedidos para la explotación de cobre. A Vargas le abonaron más de un millón y medio por diversos conceptos. Él lo niega, dice que es una vil infamia de la compañía.

La historia más o menos va así. Cuando Xstrata Cooper ganó la licitación internacional en 2004 para explotar Las Bambas, uno de sus compromisos fue reubicar a Fuerabamba. Dicha comunidad estaba asentada en los depósitos del mineral. Era propietaria de 4.700 hectáreas de la concesión.

La inversión en el proyecto ascendía a 4.200 millones de dólares, de esa cantidad entre 5% y 7% se destinaron a la compra de tierras para construir la mina, eso comprendía los terrenos de Fuerabamba.

MMG Las Bambas confirmó a La República que los más de 470 comuneros recibieron entre 1 millón 200 mil y 1 millón 600 mil soles en diversos bonos. En cambio, los comuneros sostienen que la indemnización fue ínfima.

Claudio Cáceres, gerente de Asuntos Legales de Las Bambas, confirmó que se invirtió más de S/ 700 millones en ellos.

Según el acuerdo de reasentamiento, el actual presidente de Fuerabamba recibió más de un millón y medio de soles. “Esos documentos fueron fabricados y los hace circular la empresa para decir que solo queremos plata. Es falso y voy a demandarlos para que demuestren si me dieron ese dinero. Solo nos dieron unos montos por nuestras casitas y corrales que dejamos”, contestó.

La veracidad de esos documentos no fue confirmada, pero tampoco ha sido negado por la compañía cuando La República hizo la consulta.

Sin embargo, un exdirectivo de gestiones anteriores reveló pagos indemnizatorios millonarios por estas tierras. A todos no se les pagó por igual, a unos más de un millón, el monto mínimo no descendía de medio millón de soles. Dependía de la extensión del área que poseía cada familia.

Los comuneros entregaron sus tierras en el 2011 a Xstrata para reasentarse en Nueva Fuerabamba, una urbanización a diez minutos del distrito de Chalhuahuacho, Apurímac .

La minera ahí les construyó viviendas de tres pisos con agua, luz y alcantarillado, posta de salud, un centro educativo politécnico, centro de capacitación comunal, plaza de armas, plaza de toros, pista para carrera de caballos, estadio de fútbol, mercado, camal, entre otros.

¿Por qué los comuneros no quieren vivir aquí? Ellos aseguran que tienen pleitos con comunidades vecinas que les invadieron y destruyeron su cementerio y área de chuños. Además, consideran que la minera ha incumplido más de cien compromisos. Por eso quieren recuperar sus terrenos.

Los bonos

Según los documentos a los que accedió La República, Fuerabamba entregó 4.700 hectáreas para la construcción del complejo minero. Fue un contrato de permuta celebrado en 2011. A cambio, la compañía debía devolverles 8.700 hectáreas, casi el doble para compensar el valor de la tierra. Un predio con riqueza mineral vale más que un terreno simple.

Les compraron cinco predios. Ahí reunieron lo equivalente a 4.200 hectáreas. La diferencia se canceló con dinero. También hubo indemnizaciones por casas, corrales, cercos y despensas que dejarían.

La minera entregó otro bono por las molestias causadas; los trabajos arrancaron cuando la comunidad vivía en el yacimiento. Este monto fue uno de los más altos. Al presidente de la comunidad, por ejemplo, le dieron S/ 500.000. Hay otros abonos más, pero uno jugoso asciende a S/ 400 mil: la mitad se pagó cuando se trasladaron (en el 2014) a Nueva Fuerabamba y la diferencia al inicio de las actividades de explotación.

Por ahora rige un estado de emergencia en Challhuahuacho, pero la reanudación de operaciones no está garantizada debido a los actos de violencia. Pese al desalojo, los comuneros no se dan por vencidos. Insisten en volver a tomar el yacimiento.

Abren investigación

Este medio reveló ayer que la minera utilizó un cuerpo civil para desalojar a los comuneros. Eran ciudadanos vestidos con uniformes de la Policía en una clara usurpación de los símbolos de la institución tutelar.

La Fiscalía Provincial de Challhuahuacho inició una investigación. Fredy Manchego, fiscal provincial, recaba las pruebas. La primera tarea será identificar a dichos civiles.

Asimismo, manifestó que, si bien en una acción de defensa extrajudicial posesoria el agraviado puede contratar personal para dicha labor, aclaró que se deben cumplir varios requisitos. La Fiscalía le solicitará información a Las Bambas. La Defensoría del Pueblo también intervino.

La compañía minera aseveró que la institución policial le cedió dichos elementos en préstamos para este personal privado.

Señalaron que, presumiendo una respuesta violenta, personal de seguridad de Las Bambas gestionó con la PNP Cusco el préstamo de equipos, el mismo que quedó consignado en un acta.

Pautas para solucionar conflicto

Por: Valentín Choquenaira, exgerente de Xstrata

La paralización de Las Bambas es una pésima señal para el mundo. Se destruye el corazón de la economía peruana, que es la minería.

El estado de emergencia declarado por 30 días sin estrategia social ni establecimiento de una mesa de diálogo, solo con desalojo violento de los comuneros, ¿es la solución?

Los resultados a hoy dicen que no. La operación sigue detenida, los trabajadores en zozobra sin saber qué vendrá después, la comunidad de Fuerabamba con sus heridos, etc. Luego vendrá otra declaratoria de emergencia.

Sugiero lo siguiente: el Gobierno debe cumplir su rol y sentar en la mesa a la empresa MMG y la comunidad hasta solucionar sus diferencias. El Gobierno debe prevenir una escalada mayor en todo el corredor minero, no es aceptable que a la fecha, recibiendo billonarios montos por impuesto a la renta de tres operaciones, no sea capaz de asfaltar la carretera del corredor minero, creando motivaciones de protestas medioambientales permanentes por el tremendo flujo de unidades motorizadas de gran volumen.

La empresa debe ser la primera interesada en cumplir sus compromisos, además, debe revisar sus políticas de relacionamiento con su entorno, no es aceptable que solo opere en estado de emergencia con el Ejército y Policía a su costado. A la fecha van más de 8 declaratorias de estado de emergencia consecutivas. Eso indica que algo anda muy mal. Es deber del Estado chino, como principal accionista, corregir defectos para el bien de sus inversiones. La comunidad de Fuerabamba fue la que abrió las puertas para la inversión minera en Apurímac, apostó por la minería, no son antimineros y es lamentable que ahora estén en esta situación de confrontación. Hago un llamado para que busquen el entendimiento.

Convenio firmado con Vargas

Según este documento donde aparece la firma y huella digital de Vargas, este recibió más de un millón y medio de soles para ceder sus tierras.