Contraloría advirtió que de ser necesario inhabilitaría por 5 años en caso compactadoras
Chiclayo. La entidad iniciaría control posterior para identificar responsabilidad administrativa que implica un PAS, así como hechos penales y civiles en MPCH. También analiza la legalidad de la ampliación que otorgó el municipio a consorcio.
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Tras las presuntas irregularidades en el procedimiento de selección que realizó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) para la compra de las 14 compactadoras para el servicio de limpieza pública, el gerente regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquen, señaló que se evalúa iniciar un control posterior para identificar responsabilidad civil, penal y administración que implicaría la inhabilitación de 5 años a quienes resulten responsables.
En el mismo caso, el representante de la Contraloría General de la República aseguró que se determinará si la resolución que emitió el ayuntamiento para la ampliación de plazo para la entrega de la maquinaria se ajusta a la norma. Anotó que el Consorcio Equipos y Soluciones Integrales Perú estaría haciendo gestiones para presentar un recurso de reconsideración por no estar de acuerdo con la prórroga de 25 días que le concedió la MPCh para entregar las compactadoras valorizadas en más de S/ 8 millones.
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Situación complicada
En declaraciones con los medios de comunicación, Tello Benzaquen, remarcó que el Órgano de Control Institucional (OCI) tiene en su poder el expediente técnico para la compra de 2 compactadoras de 21 metros cúbicos y 12 compactadoras de 17 metros cúbicos en el marco de la Licitación Pública n.° 5.
Los resultados del control concurrente permitirán definir un control posterior, el cual tiene como fin determinar responsabilidades penales, administrativas y civiles en el comité de selección. “En este caso los tres miembros son solidariamente autónomos en sus decisiones, por ende, son solidariamente responsables”, expresó Tello.
En la misma línea, anotó que de existir responsabilidad administrativa, se entablaría un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y, de ser necesario, se inhabilitaría por 5 años para ejercer función pública.
Tomás Tello precisó que la Contraloría interviene conforme a la normativa. Foto: La República
Retraso en entrega de maquinaria
Con relación a la ampliación de plazo para la entrega de las compactadoras destinadas a la limpieza pública, el funcionario manifestó que se verifica la legalidad de la resolución que emitió la municipalidad de Chiclayo, que otorgó 25 días más para que el Consorcio Equipos y Soluciones Integrales Perú entregue las unidades vehiculares.
Asimismo, se analiza las causales que invocó la empresa proveedora para solicitar 75 días de ampliación, y que al conocer que el ayuntamiento dispuso 25 días, presentaría una reconsideración. Esta situación demostraría que no está de acuerdo con la disposición de la comuna.
También mencionó que se advertirá al alcalde Marcos Gasco sobre las conclusiones de este punto específico para que ejecute medidas correctivas, que comprendería el cobro de penalidades al consorcio. Agregó que se realizan coordinaciones con el fiscal que investiga este caso.
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Regidor sentenciado
En otro momento de la entrevista, Tomás Tello mencionó que no se descarta un control posterior para identificar responsabilidades en los miembros del Concejo Municipal, que con su votación evitaron la vacancia del regidor Andrés Calderón, quien tiene sentencia por delito doloso.
