Nicanor Boluarte busca sus jueces para el caso "Los Waykis en la Sombra"
Al recuperar su libertad, el hermano de la presidenta presentó un recurso de contienda de competencia para que su caso salga de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal
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El abogado Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, pretende no ser procesado ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ahora que ha recuperado su libertad, amparándose en la Ley 38138, al considerar que los actos ilícitos que se le atribuyen no pueden ser considerados como organización criminal.
Con ese objetivo su abogado Luis Vivanco promueve una contienda de competencia ante el Poder Judicial para que su caso sea trasladado a una Corte Superior de provincias. Este recurso se presentó luego que se revocó la prisión preventiva y el hermano de la presidenta pudo dejar la clandestinidad.
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En un primer momento, la interpuso ante el juez nacional de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho. El juez dijo y el recurso pasó a la Sala Nacional de Apelaciones y probablemente llegue hasta la Corte Suprema de Justicia. Si su pedido prospera, la investigación del caso "Los Waykis en la Sombra" pasaría a una Corte Superior de Justicia del interior del país.
Busca otros jueces menos estrictos
La defensa del hermano de la presidenta considera que los hechos que se atribuyen a Boluarte de acuerdo con la definición que establece la Ley 38138 no corresponden a Crimen Organizado, por lo cual los jueces de la Corte Penal Nacional no tienen competencia para ver su caso.
Los jueces de la Corte Penal Nacional tiene competencia para ver las investigaciones y juicios por crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, terrorismo y corrupción de alcance nacional, entre los que se encuentran los procesos más complejos y mediáticos del país.
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El juez Concepción Carhuancho rechazó su pedido al considerar que fue presentado de manera extemporánea y dado, indico, que una investigación por organización criminal no se refiere a los actos de una personas sino a un conjunto de más de tres personas que han cometido una pluralidad de actos ilícitos.
Concepción Carhuancho indicó que de acuerdo con la norma procesal la defensa del hermano de la presidente tenía un plazo de 10 días desde que se formalizó la investigación, en agosto de 2024, para cuestionar la competencia de los jueces. La defensa de Nicanor considerar que la causa recién se dio con la dación de las leyes 38108 y 38138 promulgada en octubre de 2024 por lo que no pudieron presentarla antes.
Investigación por organización criminal
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte
El Equipo 5 del ex Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga a Nicanor Boluarte por presuntamente integrar una organización criminal que, utilizando su cercanía al gobierno, cometía delitos de tráfico de influencias y cohecho para el nombramientos de prefectos y subprefectos, con el objetivo de crear un partido político "Ciudadanos por el Perú" para dar soporte al gobierno.
De acuerdo con los fiscales esta organización estaría dedicada a cometer delitos de tráfico de influencias y cohecho. El tráfico de influencias tiene una pena mínima inferior a cuatro años por lo que la ley 38108 y 38138 no la consideran dentro de los actos ilícitos de organización criminal.
Abogado Mateo Castañeda
En tanto, la defensa de Nicanor Boluarte señala que a él no se le investiga por delito de cohecho, con lo cual pretende quedar fuera del alcance de la ley sobre crimen organizado. Al quedar fuera de esta ley, los jueces de la Corte Penal Nacional no tienen competencia para definir su situación jurídica.
Hace un mes, la Quinta Sala de Apelaciones Nacional rechazó un recurso de Boluarte en el que exigía apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Los Waykis en la Sombra por una supuesta falta de imparcialidad.
Si la contienda de competencia prospera a favor de Nicanor Boluarte, la decisión alcanzaría a los demás procesados en su caso, a la vez que iniciaría un efecto dominó. Otros procesados que consideran que las nuevas leyes del Congreso los dejan fuera del delito de organización criminal, empezarán a reclamar que sus casos también salgan de la Corte Superior Penal Nacional.
