Partidos políticos usaron S/1,6 millones para pagar a cuestionados proveedores

El uso del financiamiento público directo en los partidos políticos ha sido cuestionado por la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana debido a la elección de sus empresas proveedoras. En los casos de Perú Libre, Somos Perú, Avanza País y Renovación Popular, en 2022 destinaron S/1,6 millones a compañías recién creadas, en las que su rubro no coincidía con el servicio prestado, concentraron las labores de capacitación o para personas que fueron candidatos.

Casi un millón para un solo proveedor

En 2022, Somos Perú, partido presidido por Patricia Li, destinó S/958.242,24 a la empresa Central Mediática S.A.C. Lo que llamó la atención en Vigilancia Ciudadana es que esta organización política haya concentrado los servicios de capacitación.

“Además de ello, en los servicios de capacitación y formación que la empresa Central Mediática S.A.C. brinda, se observa un patrón de seis actividades por día, según indica en las rendiciones presentadas en el año 2022”, sostiene el informe de esta asociación. Pero no es el único caso detectado.

PUEDES VER: Somos Perú realiza excesivos gastos con fondos públicos y beneficia a amigos con contratos millonarios

Observaciones a empresas proveedoras

En Avanza País, recuerda la investigación, Global Perú Comunicaciones S.A.C. brindó tres servicios de capacitación el 31 de diciembre del 2022 y se le abonó S/464.920,00. Lo curioso es que esta empresa había iniciado sus actividades dos semanas antes. Una publicación de Infobae da cuenta de que dos trabajadores de Global Perú, el abogado Alexander Puma y el administrador Richard Rodríguez, forman parte del círculo del secretario general de este partido, Luis Flores Reátegui.

En Renovación Popular, organización liderada por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el año pasado desembolsaron S/39.936,86 a la Consultora Focus S.A.C. En Sunat figura que esta empresa tiene RUC activo desde el 1 de julio del 2022.

“Lo que despierta la sospecha es la coincidencia de la reciente creación de la empresa con la presentación de rendición de cuentas del semestre comprendido entre julio y diciembre del 2022”, señala la asociación.

PUEDES VER: Fujicerronismo: pagaron S/417.000 a procesados con el financiamiento público

El caso perulibrista

El partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, también fue analizado. Vigilancia Ciudadana identificó que esta agrupación le abonó S/45.001,12 a la empresa Llikatel E.I.R.L. el año pasado por el concepto de renovación de puertas y servicio de venta de hojas bond e instalación de video y chapas eléctricas.

Al momento del análisis en 2021, en la página de la Sunat el registro de actividad no coincidió con el servicio prestado. Recién para el periodo de julio-diciembre 2022 actualizaron sus actividades económicas que sí calzan con el trabajo realizado para Perú Libre.

Proveedores y candidatos

Otro punto observado es cómo los partidos Podemos Perú y el Partido Morado utilizaron los fondos públicos para pagarles a quienes fueron sus candidatos.

PUEDES VER: Comisión de Ética: ¿qué casos tiene pendientes resolver el grupo que será presidido por Avanza País?

En la agrupación de José Luna Gálvez, el excandidato a regidor en Puente Piedra Eligorio Llontop Chafloque recibió S/64.723,40 entre el 2021 y 2022. Según el portal Claridad, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos pagos fueron por concepto de remuneración en gastos ordinarios como si él fuese un trabajador de Podemos Perú.

“Bajo estas situaciones identificadas se podrían estar financiando campañas mediante la simulación de servicios diversos, contraviniendo la prohibición expresa de la norma”, sostiene Vigilancia Ciudadana respecto a la situación de la agrupación política de Luna Gálvez.

En el Partido Morado, en tanto, el excandidato a la alcaldía de Wanchaq (Cusco) Johan Francisco del Castillo Gamarra recibió S/53.320,00 el año pasado por haber prestado los servicios de organización y movilización partidaria y coordinación de organización nacional.

Al respecto, el presidente del Partido Morado, Luis Durán, manifestó lo siguiente, refutando la investigación de Vigilancia Ciudadana: "Nosotros no contratamos a ningún candidato. La ley no permite que puedas contratar a un candidato. No es un tema de puertas giratorias. Se trata de elusión a la norma. El Partido Morado tiene muy claro que no puede pagarle dinero a los candidatos para ninguna actividad proselitista. Lo que nosotros hemos hecho es unos pagos a un militante del partido, antes de que sea candidato", declaró en Epicentro TV.

"Lo que nosotros hemos hecho es unos pagos a un militante del partido antes que sea candidato. En primer lugar, una parte de esos pagos venían del ejercicio anterior, de la época en que el señor Julio Guzmán era el presidente (del partido), porque él había hecho unas actividades para el partido. Y, como se recordará, en octubre del año 2021 al partido se le quitó su inscripción y por ende el financiamiento. Cuando el financiamiento vino al año siguiente, tuvimos que pagar una deuda que venía de atrás", agregó.

"Les pido a los señores de Vigilancia Ciudadana que cesen en su violencia contra el Partido Morado, porque si no lo hacen yo voy a tomar las medidas legales correspondientes. Yo no acepto, por la historia del Partido Morado, que nos metan en el mismo bolso de corrupción o de relaciones de otros partidos. Nosotros no somos iguales que otros partidos, nosotros queremos hacer las cosas bien", manifestó Durán en Nativa.

PUEDES VER: Congreso aprobó la distribución de presidencia de comisiones para el periodo 2023-2024

Estas y otras observaciones resaltó Vigilancia Ciudadana en su informe sobre la rendición de cuentas ante la ONPE sobre cómo los partidos políticos utilizaron el financiamiento público directo hasta diciembre del año pasado.

La suma de los pagos de estas agrupaciones políticas a los proveedores analizados supera los S/1,6 millones (ver cuadro).

Lo que pagaron a sus proveedores