Valeria Reyes: “Lo que pase hasta un año después de la denuncia puede llegar a la competencia de la Corte IDH”
En entrevista con La República, Valeria Reyes, profesora de Derecho en la PUCP y especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sostuvo que si en caso el Perú se retira de la convención interamericana, los responsables de la muerte de las personas durante las protestas, no quedarán sin sanciones penales, porque el sistema procesa a Estados.
Por su experiencia sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la abogada Valeria Reyes explica que así el Gobierno denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos mañana, el Perú no quedará fuera del escrutinio internacional.
—¿Qué efectos tendría denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos?
—La denuncia no tiene efecto inmediato porque todos los tratados de derecho internacional tienen un plazo en el cual la denuncia empieza a surtir efectos. Normalmente es un año. En algunos otros tratados, toma dos años desde el momento en el que se envía el documento de denuncia hasta que este acto empiece a surtir efecto. Digamos, si es que se denuncia hoy, recién en un año tendría validez para el sistema interamericano; y todo lo que pase desde hoy 5 de junio de 2023 hasta el 5 de junio de 2024 sigue siendo parte de la competencia, en este caso, de la Corte Interamericana.
—El Perú ya ha intentado antes retirarse…
—Exacto. Y es importante hacer mención al antecedente que tiene el Estado peruano, y que lo distingue un poco de las situaciones de Nicaragua y de Venezuela, que son los Estados a los que Renovación Popular dijo que no deberíamos parecernos, pero a los que nos vamos a terminar pareciendo si es que el proyecto de ley es aprobado en comisiones y luego en el Pleno.
La mandataria debe responder por informes de la CIDH, RWH y la Amnistía Internacional. Foto: composición de Jazmin Ceras/La República/ Presidencia
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—Existe la idea de que retirarnos de la convención podría dejar impune a los responsables de las matanzas durante las protestas, ¿será así?
—El sistema interamericano no procesa a personas, sino a Estados. O sea, si es que eventualmente un caso vinculado a las ejecuciones en el marco de las protestas es denunciado ante el sistema, siguiendo los mecanismos procesales que eso involucra, la responsabilidad será atribuida al Estado, por acción directa, por no haber prevenido, o por no haber garantizado la justicia, etc. El sistema interamericano no procesa a un presidente en funciones o al jefe del Comando General de las Fuerzas Armadas.
—¿Dónde podrían ser procesados a nivel internacional?
—Si quisiéramos discutir responsabilidades individuales, habría que mirar otros tribunales como la Corte Penal Internacional, por ejemplo.
—Entonces, incluso retirándose de la convención, ¿el Estado deberá responder por lo ocurrido en las protestas?
—Sí. El marco temporal es clave para entender el funcionamiento del sistema interamericano. Desde el momento en el que Perú ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos se activa la posibilidad de que la Comisión Interamericana conozca peticiones. Y desde el momento en el que reconoce la competencia contenciosa de la Corte, que fue el 21 de enero de 1981, todo lo que pase hasta un año después de la denuncia, lo puede seguir conociendo el sistema interamericano y puede llegar a la competencia de la Corte.
—¿Independientemente del tiempo que tarde emitir un fallo?
—Cierto. Más allá de que esto sea en 20 años. En el escenario de que Dina Boluarte denuncie la Convención Americana de DD.HH, la Corte podría tener algo que resolver sobre el Estado peruano, probablemente, hasta el 2040, incluso si la denuncia se da al día de hoy, considerando que este lapso puede tomarse en resolver los casos.
Amnistía Internacional señala que Dina Boluarte, su premier y ministros deben ser investigados. Foto: La República/Archivo
—¿Qué cambiaría si se denuncia la Convención Americana de DDHH?
—Específicamente, el Perú ya no sería procesado por la Corte Interamericana, podría todavía ser objeto de análisis, estudio por parte de la Comisión porque ahora se habla de denunciar la Convención Americana, no la Carta de la OEA; es decir, el Perú seguiría siendo miembro de la OEA, y eso abre un propio sistema de protección que ya se rige, específicamente, por el mandato de la Comisión Interamericana. Además, hay que recordar que el Perú es parte de otro sistema de protección que es el sistema universal que tiene muchísimos brazos, como comités de expertos, comités de órganos de tratados, relatorías especiales; es decir, no podemos ser ajenos o distantes al escrutinio internacional.
—Es decir, ¿el Perú no quedará desamparado en su búsqueda de justicia a nivel internacional?
—Exactamente. Es lamentable intentar siquiera salir de la jurisdicción de la Corte, pero aquellas voces que alientan este sin sentido son ignorantes de cómo funciona el sistema de justicia internacional. Para empezar, porque lo que está buscando Renovación Popular es denunciar un tratado que le da jurisdicción solo a un órgano de protección, porque la Comisión Interamericana, en virtud de la Declaración Americana de Derechos Humanos, puede supervisar qué sucede en materia de derechos humanos en los estados que sean miembros de la OEA y el Perú lo es.
