Alexandra Ames: “Hay que mirar con cuidado posibles movilizaciones de mineros informales y de cocaleros formales”

-Usted ha estado a cargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. ¿Cuál es la situación de los conflictos sociales en este año?

-Durante el 2023 se avanzó mucho en posicionar el mensaje de que el diálogo es el camino para llegar a consensos, sobre todo para desmitificar algunos temores que podrían existir en la población sobre proyectos mineros o contaminación ambiental, o el cumplimiento de compromisos de proyectos de desarrollo en estos territorios con una agenda priorizada para el presupuesto público. Creo que el camino está posicionado para que este año se siga trabajando con estos espacios de diálogo, no como un espacio que funciona de manera reactiva frente a un conflicto, sino a fin de identificar cualquier potencial conflicto que podría surgir y prevenir con acciones desde el Ejecutivo antes de que un conflicto escale.                                                                                                                               

-¿Cuántos conflictos se han solucionado de esa manera?

-Más de cien casos que se encontraban en una situación crítica que podían escalar a una situación peor fueron atendidos con esta situación preventiva y hemos podido evitar que estallen el año pasado. Hoy el equipo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo está enfocado en trabajar de manera preventiva, pero además articulada con los sectores para que estos puedan resolver y dialogar con las comunidades, como repito, con una mirada preventiva.

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-Los conflictos socio ambientales siguen siendo los mayores, ¿Otros conflictos que podrían explotar si no son abordados correctamente?

-Los dos grandes temas que hay que mirar este año con mucha atención es la movilización que va a surgir alrededor de la minería informal debido a estos cambios, a estas reformas que están haciendo para que la minería informal pueda formalizarse, y aquellos que no se encuentran en esa situación, prohibirles la explotación del mineral. Esto va a generar mucha conflictividad a lo largo del año y creo que hay que sentarse con estas organizaciones para ayudar, dar toda la asistencia técnica para que se puedan formalizar aquellas organizaciones que lo desean, y para combatir desde la perspectiva de criminalidad a las organizaciones que estarían cometiendo delitos. El otro tema es el vinculado a la hoja de coca.

-Qué está pasando ahí?

-Lo que tenemos es una demanda de los cocaleros formales que le venden a Enaco y que están demandando el alza de precio de compra de hoja de coca. Sin embargo, Enaco no puede comprar a un precio que las comunidades le piden porque como empresa tiene que pensar en sus utilidades. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es un enfoque de reconversión productiva de estos agricultores y puedan tener productos que les generen ingresos. Y a la vez, se pueda reformular a Enaco de modo que tenga un sentido más moderno de gestión empresarial y apostar por una mayor tecnificación de la hoja de coca para vender productos ya procesados, industrializados, que generan mayor valor.

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-¿Cuál ha sido a relación del gobierno con Puno después de las protestas y muerte de manifestantes?

-Todavía hay una herida abierta respecto a lo que ha pasado en Puno hace más de un año. Sin embargo, con un acercamiento sincero por el lado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo hemos ido logrando la regeneración de confianza. Esto ha permitido que trabajemos de la mano con el gobernador de Puno, los alcaldes provinciales y muchos alcaldes distritales, y que ministros puedan ir personalmente a Puno a trabajar agendas. Hay presupuesto que se está ejecutando para cerrar algunas brechas en la región. Pero, todavía a nivel político cuesta hacer un relacionamiento más público.

-El nudo está en la población misma.

-Con la sociedad civil también hemos venido trabajando, pero como digo todavía hay una herida que trabajar y que cerrar. Hay agendas del gobierno central como obras de agua y saneamiento que están avanzando en Puno y las organizaciones de la sociedad civil son conscientes de que el gobierno nacional está trabajando en estos proyectos.

-Usted ha dicho en la revista Willaqniki que se requiere de una política nacional multisectorial de prevención y gestión de conflictos. Esto lo hemos escuchado en varios gobiernos, ¿por qué que no se concreta?

-Creo que no se ha concretado en gestiones anteriores por dos motivos. Primero, hemos tenido gestiones cambiantes. Los secretarios de Gestión Social y Diálogo, en promedio, duraban tres o cuatro meses en el cargo y eso impide hacer reformas importantes en la gestión. Segundo, creo que no ha habido sentido de urgencia a nivel de la alta dirección o a nivel de la esfera política para trabajar en esta línea. Este no ha sido el caso durante el 2023. A propósito de las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero del 2023 es que se genera un sentido de urgencia en las más altas esferas políticas del gobierno nacional y hay una recomendación inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de trabajar una política que pueda estar enfocada en la prevención de conflictos sociales.

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-Fue durante su gestión.

-Me tocó como secretaria agendar la propuesta de elaboración de la política pública y lo propusimos como uno de los mensajes clave para el discurso de 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte. Nosotros ya hemos sacado el primer paso para esta política que es el informe de pertinencia que ya ha sido enviado al área respectiva de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los órganos que corresponden a los diversos ministerios ya son conscientes de la importancia de este tema y han dado su visto bueno para que esta norma pueda proceder. Ya se ha formalizado el inicio de la elaboración de esta política, algo que no había podido lograrse en gestiones anteriores.

-En la misma revista se menciona que el gran número de bloqueos de vías y otras protestas en el año 2021 se dieron producto de la debilidad gubernamental de ese momento. ¿Cómo entenderlo, si después el nuevo gobierno aplacó las protestas a sangre y fuego?

-No es una referencia a la debilidad política sino a una debilidad de la gestión pública, a nivel de Estado. Mucho se habla sobre dinámicas políticas que existen, pero eso de alguna manera invisibiliza el potencial de los servidores públicos para impulsar las políticas públicas. Sin lugar a dudas el Estado como tal, no un gobierno en particular, todavía tiene que mejorar las capacidades de la gestión pública para poder implementar debidamente las agendas que la ciudadanía demanda.

-¿Es un riesgo de conflicto que el ministro Rómulo Mucho haya anunciado la reactivación de proyectos mineros como Tía María y Conga?

-Yo creo que el gobierno nacional tiene que apostar por la inversión que genera recursos económicos porque sin ellos no podemos cerrar brechas sociales, y sin inversión privada no hay recursos. En el caso de algunos proyectos que todavía necesitan una licencia social lo que hay que hacer es trabajar de la mano con la comunidad, con las organizaciones sociales para desmitificar alguna falsa información que pudiera estar surgiendo, o para resolver algunas demandas como en el caso del valle de El Tambo que es la disponibilidad de recurso hídrico. Se debe trabajar un espacio de diálogo en el valle de El Tambo no para discutir si Tía María debe ir o no, sino para discutir cuál es la agenda que queremos en este valle, y para poner en el centro de la discusión la disponibilidad del recurso hídrico.

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-¿Usted confía en que ese debe ser el camino? Le pregunto porque son muchos años de fuerte rechazo a la actividad minera en El Tambo.

-Si es que hay un interés genuino de sacar adelante un espacio para dialogar y generar confianza, yo creo que sí. Al menos es lo que hemos venido logrando en la Secretaría de Diálogo a lo largo del 2023. He escuchado al premier Gustavo Adrianzén que ha propuesto justamente la generación del diálogo como mecanismo para ponernos de acuerdo. Pero como digo, el centro de la discusión no debe ser que Tía María va o no va, sino cuál es la agenda de desarrollo que necesitamos en el valle de El Tambo.

-¿Lo mismo para Conga?

-Lo que pasa es que Conga es un proyecto que está en la cartera del Minem pero no cuenta con los procedimiento listos para operar. Habría que preguntar primero a la empresa que tiene la concesión si está interesada en impulsarlo o no, todavía falta mucho para eso. Yo no me concentraría en ese proyecto porque falta mucho por recorrer en esa línea. Me concentraría más en Tía María.

-Usted ha dejado la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, no sé sus motivos, pero me animo a preguntarle si tiene intención de volver a postular al Congreso.

-Al Congreso yo creo que no. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, había que estar en los zapatos de un político para entenderlo mejor, creo que la campaña política me ayudo en eso; pero lo mío siempre ha sido la parte técnica. Yo soy una enamorada convencida del servicio público y creo que los servidores públicos pueden hace una gran transformación. Ahora me voy a dedicar a la academia, espero pronto volver a trabajar nuevamente como servidora pública que para eso me he formado y espero seguir aportando al país desde ese espacio en cualquier momento.

-Satisfecha del trabajo que ha hecho en esta Secretaría? -Quiero agradecer a los alcaldes, dirigentes de comunidades, de sindicatos, agricultores y ronderos que me expresaron su cariño por el trabajo realizado. Ellos mostraron desconfianza al inicio en el gobierno central, pero con empatía, compromiso y diálogo sincero hemos podido restablecer la confianza. Solo espero que quien esté a cargo de la Secretaría y en todos los puestos de alta dirección, no olviden que debajo suyo hay personas que podrían haber perdido el sentido de lo que implica trabajar en el Estado. Yo encontré a un equipo devastado por tanto cambio político. No merecen tanta inestabilidad. Si no apuntamos a revalorizar el servicio público como líderes en alta dirección y no sacamos el máximo potencial de los servidores públicos, nunca vamos a lograr que el Estado avance a favor de la gente.