Gasoducto, crónica de una megaobra fallida y arbitrajes en el CIADI

Su premisa era descomunal: una tubería de más 1000 kilómetros atravesando los Andes para trasladar gas natural desde la ceja de selva del Cusco hasta la costa sur de Arequipa, y de ahí, hasta el litoral de Moquegua y Tacna.

¿El proyecto? Una megaobra que a la fecha tiene más de una década de vida como idea y ambición, y un poco menos como frustración y dolor de cabeza para el Estado: el Gasoducto Sur Peruano, antes Gasoducto Andino del Sur.

Tres presidentes de la República han llevado a cuestas la pesada carga de la obra, y con ella, todo lo que esta ha conllevado en cuestionamientos y acusaciones —y desvelamientos— de actos de corrupción: Alan García Pérez, Ollanta Humala Tasso y Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, un episodio especial de la trama del Gasoducto —crónica concentrada ahora bajo el rótulo del “Caso Gasoducto”, que encabeza la investigación de la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato—, se perfila tan descomunal como el origen mismo del proyecto: el capítulo de los arbitrajes.

A la fecha, por la tan promocionada megaobra energética, el Estado peruano afronta un conflicto a escala internacional de gran —grandísima en realidad— envergadura económica.

Sin embargo, no es solo un asunto monetario el que podría verse en manos de un tribunal arbitral.

En el medio de la cuestión, digamos, hay también un asunto de orgullo nacional, de cierto honor patrio.

El proyecto Gasoducto

La historia se remonta al año 2008, cuando un gasoducto empezó a gestarse como idea y posibilidad para incrementar, fortalecer, crear tal vez, una fuente ambiciosa de abastecimiento energético nacional.

Eran los días del segundo Gobierno de Alan García, y el hoy finado líder aprista, dicen, por ese entonces quería reivindicarse de su —desastrosa— primera administración desde Palacio de Gobierno.

Sin embargo, la gestión aprista no pudo sacar adelante el proyecto —Kuntur en ese entonces—, y al final del quinquenio de García, la idea del gasoducto seguía siendo eso nada más: una idea.

Recién con Ollanta Humala a la cabeza del país, el proyecto Gasoducto echó a andar; sin embargo, como se presume siempre que una administración termina y entra otra liderada por un crítico del anterior mandatario, con nuevo nombre e identidad.

Desde entonces, la obra es conocida como Gasoducto Sur Peruano.

No obstante, al poco de celebrarse el acuerdo de la obra, las cosas empezaron a vacilar —era el 2014 y desde Brasil llegaban los primeros golpes del caso Lava Jato—, y el Gasoducto sufrió un revés del que, hasta ahora, no se ha podido liberar.

Detenida a la fecha, de la megaobra energética tan publicitada en las gestiones de García y Humala, quedan ahora dudas y, aparentemente, deudas, o al menos eso es lo que algunas empresas vinculadas al proyecto pretenden hacer creer.

La concesión

22 de julio de 2014. En Palacio de Gobierno, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, estampa su firma en un documento que, varios años después, le traerá más de un problema.

“Este es un hito para el país”, dijo el entonces mandatario tras rubricar el documento. Y tenía razón.

“Necesitamos que Perú sea un país no solamente con una sólida seguridad energética, sino con una solvencia energética capaz de poder industrializar y (exportar) energía a nuestros hermanos de la región y del mundo”, agregó Humala, luego de olear y sacramentar el millonario contrato del Gasoducto en Palacio de Gobierno.

Junto al expresidente, representantes del Consorcio Gasoducto Sur Peruano aguardaban discretos. Sabían que a partir de ese momento la megaobra energética estaba en sus manos, daba sus primeros pasos y comenzaba andar... hasta que se detuvo.

Detrás de todo, Odebrecht

Además de Humala, los actores implicados en la transacción son Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos (IITD), una empresa subsidiaria de Odebrecht Latinvest Perú Ductos S. A., que a su vez es subsidiaria del holding de la firma en el Brasil (Odebrecht S. A.); y la empresa española Enagás Internacional SLU.

Ambas firmas se habían dividido la torta accionarial del Gasoducto: la empresa brasileña tenía bajo su poder el 75% del control de la obra, mientras que la firma española solo el 25%.

El propósito de la concesión era que el Consorcio Gasoducto Sur Peruano —es decir, Odebrecht y Enagás—, construyera una tubería a gran escala capaz de conducir el gas natural desde las alturas de la Ciudad Imperial del Cusco hasta la bahía de Arequipa y un poco más al sur.

Para ello, la inversión debía ser de al menos 5 mil millones de dólares.

El contrato entre Odebrecht, Enagás y el Estado, sin embargo, no solo contemplaba la construcción de la megaobra.

Implicaba, también, la “operación y mantenimiento del gasoducto”, como lo informaba Odebrecht en el 2014 en su portal web.

Así, tras haber consagrado la concesión con el contrato, el 21 de mayo del año siguiente, las primeras obras del Gasoducto empezaron a ejecutarse.

Pocos meses después, un nuevo actor se uniría a la historia.

GyM en escena

El 10 de agosto de 2015, el Consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado hasta entonces por Odebrecht y Enagás, recibe a un nuevo miembro en su unión empresarial: la constructora peruana Graña y Montero.

La firma nacional entra en la fila de las empresas con el proyecto más grande del país, a través de la suscripción de un Memorándum de Entendimiento con Odebrecht, que plantea la adquisición de un grupo de acciones del consorcio que integra con Enagás.

Este acuerdo se refuerza posteriormente, el 29 de setiembre del 2015, con una adenda, en la cual “se acuerda la incorporación de Graña y Montero, a través de sus subsidiarias, con un porcentaje de 20% en la empresa Concesionaria del Gasoducto Sur Peruano”.

Además de esto, Graña y Montero se llevó “un 29% en el Consorcio Constructor del mencionado proyecto”.

Por su inclusión en el consorcio, la firma peruana desembolsó 215 millones de dólares, y asumió un contrato de construcción equivalente “a aproximadamente mil millones de dólares”.

PPK: adiós Gasoducto

Pese al vendaval del caso Lava Jato en el Brasil y las primeras revelaciones que arrojaban luces sobre una trama de corrupción en el Perú, no fue sino hasta el 2017, cuando había ya certezas de la actuación espuria de Odebrecht en el país, que el proyecto Gasoducto Sur Peruano se terminó, o al menos aparentemente.

Fue el 23 de enero de 2017. Poco antes de cumplir seis meses como jefe del Estado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó la resolución del contrato de concesión del Gasoducto.

Resolver, en el ámbito de las contrataciones, no quiere decir otra cosa que rescindir, cancelar, dejar sin efecto, darle vuelta a la página y continuar.

O al menos así tendría que haber sido.

Como argumento, el Estado alegó que el consorcio —Odebrecht, Enagás y Graña y Montero— no tenía el financiamiento para llevar a cabo la megaobra.

Los problemas, sin embargo, venían de unos meses atrás, desde que en setiembre de 2015 comenzaron a ser investigados en Brasil los ejecutivos de Odebrecht.

Esta circunstancia puso en alerta al país. Sin embargo, en un intento por minimizar la situación, Rodney Carvalho, gerente general del consorcio Gasoducto, dijo en su momento que, pese a las investigaciones en su país por la Lava Jato, el financiamiento del proyecto energético no se vería afectado.

Pero no fue así.

Tras el ingreso de Graña y Montero en el consorcio, el 11 de marzo de 2016, Enagás quedó como responsable de la gestión del Gasoducto Sur Peruano, justo cuando los problemas de Odebrecht en su país —y, progresivamente, en el Perú— comenzaban a agravarse.

Pero la unión de empresas no lograba conseguir el dinero para financiar la megaobra energética, y, así las cosas, la banca pidió con insistencia que Odebrecht saliera del proyecto.

Es decir, que vendiera sus acciones y se alejara de ahí.

Aunque ciertamente hubo ofertas, la venta de las acciones de Odebrecht nunca prosperó. En parte, es posible que se deba a un aspecto esencial: la cláusula anticorrupción del contrato.

Al menos hacia ese lado apuntaba el pedido que Sempra, una de las firmas que consideró adquirir la parte de Odebrecht en el consorcio, hizo al Estado peruano: que modificara la cláusula anticorrupción.

El Gobierno de Kuczynski, sin embargo, no accedió.

“El proyecto del gasoducto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional”, dijo en su momento el entonces ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

Y así, la gran megaobra energética que había sido ideada en el 2008, promocionada durante años, licitada en el 2013 y concesionada en el 2014, se sumergió en un marasmo que, no obstante, parece se resiste a morir.

De ello, ciertamente, pueden dar fe todos los peruanos que, en las últimas semanas por lo menos, han visto con asombro —aunque con más indignación—, la última jugada de Odebrecht contra el Estado: la solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI.

La carrera del CIADI

La decisión del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de resolver el contrato de concesión del Gasoducto en enero de 2017, trajo como primera consecuencia un movimiento de la empresa española Enagás.

Fue el 2 de julio de 2018, cuando la firma ibérica solicitó un arbitraje ante el órgano especializado en controversias del Banco Mundial, el CIADI, con sede en los Estados Unidos.

Enagás, como se recuerda, tenía 25% de las acciones del Consorcio Gasoducto Sur Peruano, y quedó como responsable de la obra en el 2015.

La decisión del Estado, en ese sentido, la afectó. O al menos así lo sintió la empresa, pues su respuesta a la decisión de Kuczynski fue contundente: alegaban tener 1980 millones de razones.

En efecto, 1980 millones de dólares fue el monto que la exconsorciada de Odebrecht y Graña y Montero —que no se quedarían atrás con el recurso de la ruta arbitral—, fijó en su demanda ante el CIADI contra el Estado peruano.

El monto, aunque parezca antojadizo —dividido entre la población total del país, a cada peruano le tocaría pagar, en el hipotético caso, poco menos de 62 dólares—, obedece, según la misma Enagás, al peritaje que una firma independiente, contratada por la empresa española, hizo el 30 de junio de 2019.

La exorbitante cifra, sin embargo, no es el monto que Enagás reclama para sí, sino el valor total al que, en junio de 2019, ascendía el Gasoducto Sur Peruano.

Solo a partir de esta ponderación, se puede visualizar el reclamo de la empresa española: el 25% de ese total, es decir, algo más de 400 millones de dólares.

Por el momento, lo último conocido de Enagás y su controversia ventilada en un tribunal arbitral del CIADI, es la expectativa de la empresa española sobre la fecha de resolución del conflicto.

Antonio Llardén, su presidente, manifestó recientemente que estima que para el 2022, la controversia habrá sido resuelta.

Hacia dónde se inclinará la balanza, es un tema que aún está por definir. En esta gesta se encuentra la defensa extranjera contratada por el Perú en los Estados Unidos, en donde se encuentra el tribunal arbitral.

Sin embargo, lo que se puede intuir en esta historia e s que, sea cual fuere el resultado, su valor, más allá del aspecto económico, será incalculable, tanto para el Perú como para el consorcio que pretendió hacer el gasoducto una vez y fracasó en su intento.

GyM y el arbitraje que no fue

Como una especie de rezago colonial, los pasos marcados por España a través de Enagás fueron seguidos, a pies juntillas, por los peruanos de Graña y Montero.

El 19 de diciembre de 2019, a través de un Hecho de Importancia, la constructora avisó a la Superintendencia de Mercado de Valores que había presentado una solicitud de arbitraje ante el CIADI, en los Estados Unidos, por el Gasoducto Sur Peruano.

Luis Francisco Díaz Olivero, gerente general de la empresa, dio cuenta en el escrito que se había “agotado la vía del trato directo” con el Estado para encontrar una solución a la controversia que, ya desde Enagás, y con la resolución del contrato de concesión, se había originado.

Meses antes, para mayo de 2019, sin embargo, el Perú conoció un hecho sin precedentes en el país: la empresa Graña y Montero se había acogido a la colaboración eficaz.

Con esta decisión, la firma que tuvo entre sus cabezas a los primos José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña —los ahora colaboradores del Equipo Especial—, reconocía su participación en actos de corrupción, sobornando a funcionarios para fraguar y beneficiarse con contratos de obras públicas.

Lo que vino después es una historia conocida y, en cierto modo, desagraviante (aunque el agravio fue doble por parte de Graña y Montero, que, además de jugarle sucio al país, pretendió demandarlo): la firma decidió retirar su pedido de arbitraje.

La historia corre del siguiente modo, según señala Caretas en una publicación de hace unos días atrás: el 23 de diciembre del 2019, Graña y Montero recibió de sus abogados, el estudio Hernández y Cía., un memorándum demoledor:

“El líder del Equipo Especial, Rafael Vela, nos ha comunicado, en nombre de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc, que, en las circunstancias actuales, resulta imposible mantener el procedimiento de colaboración eficaz que se inició en el 2019, si, en paralelo, Graña y Montero mantiene una demanda arbitral por la devolución de activos del proyecto Gasoducto Sur Peruano ante el CIADI”, decía el documento.

Acto continuo, la jugada del arbitraje perdió pesó y, finalmente, Graña y Montero reculó, como consta en un Hecho de Importancia del 27 de diciembre de 2019, en el que, no obstante, la firma adelante que llegó a un acuerdo preliminar de colaboración con el Equipo Especial Lava Jato.

“En cumplimiento del mencionado acuerdo preliminar, el día de hoy la Compañía ha desistido de la solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – CIADI para la recuperación de la inversión en el Gasoducto Sur Peruano, a la cual nos referimos en el hecho de importancia comunicado al mercado el 19 de diciembre de 2019”, se lee en el documento.

Odebrecht, otra vuelta de tuerca

La última integrante del consorcio del gasoducto, Odebrecht, no se quedó atrás en la carrera de los arbitrajes.

Por el contrario, la firma que un día trajo a un tal Jorge Barata al Perú y a toda su red de corrupción erigida sobre la base de un equipo de doleiros, empresas offshore y una Caja 2, hizo lo que muchos creyeron moralmente impensable, aunque no imposible.

Pese a reconocer sus fechorías en el país, y aún tras firmar un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato, la empresa brasileña solicitó el 21 de enero del 2020 un arbitraje ante el CIADI, demandando al Perú una mulmillonaria indemnización por el Gasoducto Sur Peruano.

Para Odebrecht, el Estado peruano le debería un resarcimiento de 1200 millones de dólares por la cancelación del contrato de concesión de la megaobra energética.

Pero con este demanda, según Odebrecht, la firma brasileña no pretendería tener una ganancia indebida, sino solo recuperar su capital invertido.

En una carta dirigida a la Fiscalía, el presidente y el director de la empresa brasileña, Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, afirman que la resolución del contrato fue un “golpe muy fuerte para la Compañía”.

Además, sostienen que la terminación de la concesión, que fue ordenada por Pedro Pablo Kuczynski, obedeció a motivos personales del ex jefe de Estado, pues se encontraba implicado en el caso Lava Jato —hoy, Kuczynski sigue con mandato de arresto domiciliario—, y no por intereses públicos.

El origen del pedido de Odebrecht al CIADI, sin embargo, tiene un camino más escabroso, a tal nivel que su impacto en el país provocó el despido del ahora exprocurador ad hoc Jorge Ramírez y una crisis ministerial, de la que no salieron incólumes los exministros Juan Carlos Liu (Energía y Minas) y Ana Revilla (Justicia).

Sin embargo varios meses atrás, la génesis espuria del gasoducto fue puesta en evidencia por investigaciones periodísticas, como la del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que contó con la participación del medio peruano de investigación Convoca.pe.

¿Su hallazgo? Planillas secretas de la Caja 2 que revelarían pagos de sobornos vinculados al Gasoducto Sur Peruano, una obra en la que Odebrecht no había reconocido manejos ilícitos y que, por lo tanto, no figura en el acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía.

No obstante, pasados unos días del revuelo inicial, pronto Odebrecht se apresuró a poner paños fríos a la cuestión.

El rechazo de la ciudadanía, de los especialistas y detractores de Odebrecht en la cuestión Lava Jato, y, especialmente, de las autoridades —desde el presidente Martín Vizcarra hasta Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial—, habría tenido un efecto sobre la constructora brasileña que, sin recular aún, ha asegurado que mantiene todavía la intención de llegar a un acuerdo con el Estado.

Sin embargo, las buenas intenciones de la firma brasileña vienen cargadas de cierta tirantez admonitoria para con el Perú.

En efecto, la firma pretende condicionar al país con la detención del proceso en el CIADI a cambio de que se retome el Gasoducto Sur Peruano “lo más pronto posible” , aunque con otro inversionista “y sin costos para el Estado”, como lo anunció en un comunicado el 7 de febrero último.

En esta situación, pasado un mes desde que se conoció el pedido de Odebrecht al CIADI, el panorama no parece aclararse aún.

Lo que es claro, sin embargo, es el creciente rechazo hacia la actitud de la constructora brasileña, cuya cooperación con la justicia peruana ha sido puesta en entredicho, en detrimento de la actuación de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

No obstante, la historia y la estadística respaldan al Perú en sus episodios ante los tribunales del CIADI: con casi puras victorias, las veces que el país no ha sido reconocido como ganador en las controversias, los desembolsos sancionadores han sido poco perjudiciales para la salud económica nacional.

Ahora, el futuro es incierto, aunque una cosa puede sacarse en limpio de toda la cuestión de los arbitrajes: sin dejar de ser solo un episodio más en la enorme trama del caso Lava Jato en el Perú, el capítulo del CIADI le ha mostrado al país que, en efecto, es un lugar en el que todo puede ocurrir y nada debe darse por cerrado aún si no existe la certeza completa de que, efectivamente, la historia llegó a su fin.