El Informante: Jalando a Barata, por Ricardo Uceda

El 23 de enero, en audiencia pública, el juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Sánchez Balbuena, resolvió el pedido de la defensa de unos imputados para interrogar como testigo al colaborador eficaz Jorge Barata. Es algo usualmente desoído por el Equipo Especial del Ministerio Público. La situación común es que la fiscalía sí puede emplear lo que declara el colaborador premiado de Odebrecht, pero los investigados no tienen posibilidad de contrastarlo. Las cosas dieron un vuelco en la audiencia y los antecedentes demuestran la irrazonable situación previa.

La fiscalía atribuye a cuatro abogados del Estudio Echecopar la elaboración de un informe legal encaminado a descalificar al consorcio competidor de Odebrecht en la licitación del Gasoducto del Sur. Los hechos son de junio del 2014. Dos de ellos, Manlio Bassino y Uldarico Ossio, habrían sido por entonces apoderados de Enagás, el socio de Odebrecht en el concurso, y supuestamente convencieron a los otros dos, Ana Sofía Reyna y Jorge Danós. A estas alturas ya hay evidencia de que Bassino y Ossio hicieron una gestión administrativa para un bufete español socio de Echecopar (de quien Enagás es cliente), con absoluto desconocimiento de que ProInversión, al mismo tiempo, requería un informe legal urgente.

Un caso despierta

Por otra parte, Manlio Alessi, uno de los ejecutivos del consorcio perdedor, ha revelado que GDF Suez desistió de competir luego de que fracasara un intento de fusionarse con Odebrecht en el proyecto. Por eso redujo su participación del 25% al 2%, poniendo al consorcio en riesgo de eliminación por violación de bases, como parece que era consciente. Esto, que recién se sabe ahora, despeja parte del misterio respecto de sobornos en la fase final del concurso. Es prematuro descartar cohecho en todo el proceso, que fue largo, pero aclara el rol de determinados imputados para quienes el Equipo Especial pidió medidas coercitivas.

Los defensores de los abogados, del Estudio Benites, Vargas & Ugaz, se enteraron por la prensa, en setiembre del 2019, de que Jorge Barata identificaría a sobornados en el caso del gasoducto. La investigación dormía. Como se le tomarían declaraciones a Barata del 2 al 4 de octubre, los defensores pidieron estar presentes y enviaron a la fiscalía una relación de las interrogantes que había que hacerle. Lo principal es que responda si sobornó a los abogados de Echecopar para que emitieran un informe favorable a Odebrecht.

Código del silencio

En la audiencia, José Arrieta, de BV&U, pormenorizó la forma en que fue recortado el derecho de defensa. Los pedidos para que el testigo declare ingresaron al Segundo Despacho del Equipo Especial, a cargo de Geovana Mori, y pasaron al Primer Despacho, de José Domingo Pérez, el manejador de Barata. No hubo respuesta y las declaraciones de octubre se desarrollaron sin los peticionarios. Igual silencio hubo cuando pidieron concurrir a las diligencias de diciembre, en las que Barata volvería a declarar como colaborador eficaz

Una fiscal les dijo que como ellos no tenían su caso en el Primer Despacho –al que se dirigieron la segunda vez– este no les respondería. Ante la denegación fáctica de su pedido recurrieron nuevamente al Segundo Despacho del Equipo Especial, demandando que se programara la declaración testimonial de Barata. Por tercera vez silencio. Como Barata declara el 30 y 31 de enero, y está a punto de vencerse el plazo de la investigación preliminar, los abogados recurrieron al juez Sánchez Balbuena.

Una sorpresa

José Arrieta demostró que la fiscalía le preguntó a Barata sobre su investigación, y luego empleó las respuestas para sustentar solicitudes de impedimento de salida del país. Aunque no se conoce ningún dicho de Barata respecto de los abogados del Echecopar, cuando la fiscalía pidió su arraigo arguyó que debía decretarse ante la “inminente delación” que el colaborador haría en sus futuras declaraciones. El avezado argumento también fue usado contra el resto de imputados del gasoducto, lo que justifica las preguntas directas que estos desean hacerle. Lo ha pedido públicamente Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, con la cual Barata dice haberse reunido varias veces para tratar sobre el proyecto. Moreno fue otro impedido de contrastarlo.

–Quiero preguntarle si le dio dinero o no –dijo.

La fiscal Patricia Castañeda afirmó que la defensa había sido notificada que existía desde el 2017 una disposición fiscal para que Barata declare, pero como en la audiencia José Arrieta lo negó, se produjo un entredicho. El juez pidió el cargo de la notificación y Castañeda contestó que no lo tenía. Sánchez Balbuena revisó entonces el Cuaderno de Asistencia Judicial a Brasil, y se dio con una sorpresa.

Dos años después…

En 2017, efectivamente, el Equipo Especial había pedido el testimonio de Barata para el caso del gasoducto. Le respondieron en diciembre del 2018 que debía suscribirse por la parte peruana un acuerdo para no incriminar al colaborador eficaz por lo que dijera. Desde la fiscalía peruana no se hizo nada. El 26 de diciembre del 2019 los brasileños preguntaron oficialmente si todavía quería que Barata declarara en el caso. Recién en enero del 2020, más de dos años después, la gestión fue reactivada. El juez hizo hincapié en la demora al ordenar que la declaración testimonial de Barata sea programada cuanto antes. La resolución, que ha sido apelada por la fiscalía, permite a las defensas igualdad de armas respecto del Ministerio Público, algo fundamental en el sistema de justicia. Pero principalmente ayuda al mayor esclarecimiento de los hechos en un caso emblemático, complejo e inexplicablemente demorado.