
*Economista graduada de la Universidad del Pacífico, y MBA de Kellogg School of Management. Máster en Investigación de Conflictos por la Universidad Hebrea. Vivió cinco años en Israel-Palestina, estudiando la historia y culturas del Medio Oriente. Peruana de ascendencia palestina
Llegué a Palestina el 5 de noviembre de 2010, decidida a comprender el conflicto que asolaba la tierra de mis abuelos desde hacía más de un siglo, cuando el movimiento sionista comenzó a colonizarla. Nada más llegar, abrí un blog. Me proponía publicar una entrada mensual sobre un tema que necesitaba investigar. Mi primer post La Mejor Alternativa de los Palestinos a un Acuerdo Negociado, terminaba con un llamado a los palestinos a permanecer unidos.
De hecho, desde 2007, los palestinos tenían dos «gobiernos», y ningún país: Hamás gobierna la Franja de Gaza y Fatah, Cisjordania. El segundo post sería entonces La Desunión Palestina. Quería comprender cómo se había producido aquella fractura y si aún podía cerrarse.
Para ello, entrevisté a Nasser Ibrahim, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un partido nacionalista, laico y de izquierda fundado a finales de los años sesenta por George Habash, un médico palestino cristiano.
Nasser defendía el derecho de los pueblos sometidos a resistir mediante la lucha armada. No se oponía al diálogo, pero sostenía que sólo la resistencia podía restituir los derechos arrebatados y poner fin a la opresión.
Yo, que me declaraba pacifista, me sentí incómoda en ese punto de la conversación. Nasser lo percibió.
—¿Ocurre algo?
—Me inquieta la idea de recurrir a la lucha armada para poner fin a la ocupación…
—Debes de ser una de esas extranjeras bienintencionadas —dijo Nasser. Y, alzando la voz, añadió—: ¿Dónde estabas cuando bombardeaban Gaza? ¿Dónde estaban entonces tus buenas intenciones?
Dos años antes, en diciembre de 2008, Israel había lanzado la operación Plomo Fundido, una ofensiva militar masiva de 22 días contra la Franja de Gaza que dejó más de 1.400 muertos: 1.100 de ellos civiles, incluidos 305 niños. Los bombardeos dejaron a 20.000 personas sin hogar.[1]
La pregunta de Nasser no me dejó en paz. ¿Qué había hecho yo por Palestina? Ni siquiera me había sumado al puñado de peruanos de origen palestino que protestaban contra la ofensiva israelí en Gaza. Se me fueron las ganas de escribir. Pasarían diez años antes de que volviera a mi blog.
¿Recurren los pueblos oprimidos a la violencia porque el resto del mundo no acude en su ayuda?
A principios de este año, un intercambio por WhatsApp con un amigo judío me devolvió al espinoso debate sobre la resistencia violenta. Me envió un video de un venezolano exiliado que increpaba a quienes condenaban el ataque de Trump contra Venezuela[2] y el secuestro del entonces presidente Maduro. El exiliado esgrimía dos argumentos:
Primero, cuestionaba a quienes invocan la soberanía y denuncian la ilegalidad desde una cómoda distancia, después de haber guardado silencio ante las atrocidades perpetradas por el Estado. ¿Cómo se atreven a defender la soberanía de Venezuela mientras el régimen encarcela, tortura y mata de hambre a su población?
Segundo, los propios venezolanos habían agotado durante años las alternativas «civilizadas», sin resultado: sucesivas elecciones —que les fueron robadas—, años de mediación, informes de la ONU… mientras el país se desmoronaba.
Ya había oído esos argumentos. De una fuente inesperada: Hamás, después del 7 de octubre[3].
Primero, nadie tiene derecho a cuestionar la legalidad de la resistencia de Hamás después de haber guardado silencio durante quince años de crímenes israelíes documentados en Gaza.
Y segundo, los palestinos, como los venezolanos, lo han intentado todo: resistencia popular no violenta, manifestaciones, desobediencia civil, negociaciones directas, apelaciones al derecho internacional y a la comunidad internacional, solo para ver cómo su situación empeora año tras año.
Aunque se trata de situaciones distintas, el razonamiento que justifica el uso de la fuerza es similar: cuando los oprimidos se sienten abandonados y las vías pacíficas fracasan, la violencia comienza a parecer una necesidad. Lo que me sorprendió —y me perturbó— fue lo convincente que me resultaba ese razonamiento.
¿Se justifica recurrir a la violencia para reparar las injusticias que la comunidad internacional no ha sabido resolver?
¿Acaso no se crearon las Naciones Unidas para «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra»?
Las Naciones Unidas surgieron en 1945, tras dos guerras mundiales devastadoras, con el propósito primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Dos conjuntos de normas contribuirían a ese objetivo.
El primero, el jus ad bellum, establece cuándo los Estados pueden recurrir legalmente a la fuerza. La Carta de la ONU les exige resolver sus controversias por medios pacíficos y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.[4] Solo el Consejo de Seguridad puede autorizar una acción militar (capítulo VII, artículos 39 y 42). Sin esa autorización, los Estados únicamente pueden recurrir a la fuerza en legítima defensa frente a un ataque armado (artículo 51)[5]. Deben informar de inmediato sobre sus acciones, y la fuerza empleada ha de ser necesaria, proporcional y limitarse a repeler el ataque.
El segundo, el jus in bello, regula cómo se libran las guerras, sin importar quién las inició ni si su causa es legal. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 protegen a los combatientes heridos y enfermos, a los prisioneros de guerra y a los civiles en los conflictos armados internacionales. El Artículo Común 3, complementado por el Protocolo adicional II y el derecho internacional humanitario consuetudinario, establece también garantías en los conflictos armados no internacionales. Ningún trato inhumano a quienes no participan en las hostilidades. Ningún asesinato, tortura ni toma de rehenes. Incluso un Estado que actúa en legítima defensa debe respetar esos límites.
Durante los últimos 35 años, varios Estados han eludido estos límites jurídicos internacionales o han forzado su interpretación para justificar intervenciones militares al servicio de sus propios intereses geopolíticos. Algunos ejemplos permiten ilustrarlo.
En Yugoslavia, en 1999, la OTAN bombardeó varias ciudades durante 78 días, sin autorización del Consejo de Seguridad, invocando la necesidad de impedir una catástrofe humanitaria contra la población albanesa de Kosovo. La campaña dejó alrededor de 500 civiles muertos[6].
En Afganistán, en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, la intervención encabezada por Estados Unidos contra Al Qaeda y el gobierno talibán que le daba refugio quedó integrada en una «guerra contra el terrorismo» más amplia, sin límites geográficos ni temporales.
En Irak, en 2003, Estados Unidos y sus aliados invadieron el país alegando la existencia de armas de destrucción masiva. La administración Bush amplió el concepto de legítima defensa más allá de los ataques inminentes, para abarcar posibles amenazas futuras. Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, calificó la invasión de violación de la Carta de las Naciones Unidas.
En Libia, en 2011, la protección de civiles autorizada por el Consejo de Seguridad derivó en un cambio de régimen, erosionando la confianza en la intervención humanitaria.
Casos como estos permitieron a Putin contrarrestar la indignación occidental ante la invasión rusa de Ucrania. En el discurso con el que anunció la «operación militar especial», el 24 de febrero de 2022, señaló los paralelos con Yugoslavia, Irak y Libia, y presentó su intervención como un acto de legítima defensa al amparo del artículo 51. Occidente condenaba ahora argumentos que él mismo había utilizado.
La erosión de los límites durante los últimos 35 años también ha afectado al jus in bello, las normas que rigen la conducción de las guerras. En Il suicidio della pace, Alessandro Colombo recorre esa degradación: desde Guantánamo hasta los centros clandestinos de detención y los abusos de Abu Ghraib, donde la «guerra contra el terrorismo» se convirtió en justificación para negar a los detenidos las garantías básicas que exige el derecho internacional. Describe la creciente aceptación de las muertes de civiles como «daños colaterales» y la interpretación cada vez más amplia de los objetivos de «doble uso»[7], que dejó la infraestructura civil expuesta a los ataques.
En el caso de Israel, Colombo traza una trayectoria de deterioro que pasa por la guerra del Líbano de 2006, el bloqueo de Gaza desde 2007 y las operaciones militares en Gaza de 2008–2009 y 2014. En su análisis, la devastación de Gaza después de octubre de 2023 representa una radicalización de prácticas ilícitas ya toleradas: deshumanizar al enemigo, desdibujar la distinción entre civiles y combatientes e invocar objetivos militares para justificar daños inmensos a la población civil.
Colombo critica a varios Estados occidentales por continuar suministrando armas a Israel y señala, en particular, a Estados Unidos por vetar resoluciones y blindar a Israel frente a la presión internacional. Su argumento es que décadas de indignación selectiva y de insuficiente rendición de cuentas no solo nos han conducido a Gaza, sino que también nos han preparado para aceptar nuevas atrocidades.
La destrucción del derecho internacional no es inevitable, y la respuesta de cada Estado importa: el derecho internacional consuetudinario se desarrolla a partir de la práctica general de los Estados y de su convicción de que esa práctica refleja un derecho o una obligación jurídica. Cuando condenamos las violaciones, reafirmamos las normas. Si guardamos silencio cuando se impone una respuesta, damos credibilidad a quienes tergiversan esas normas para justificar precisamente las conductas que pretendían prohibir. Los gobiernos deben respetar y defender el derecho internacional de manera coherente, sea el infractor adversario o aliado, y recurrir a la diplomacia, al diálogo y a la mediación para atender los agravios antes de que las partes agraviadas tomen las armas.
La urgencia es evidente: los conflictos armados aumentaron de 49 en 1990 a 65 en 2025, mientras que la duración media de los conflictos civiles en curso pasó de 13 años a mediados de los ochenta a 20 años en 2021. Ante guerras cada vez más numerosas y prolongadas, debemos defender el derecho internacional y devolver a la diplomacia un papel central en la resolución de los conflictos, antes de que la violencia siga extendiéndose.
Sigo siendo una pacifista convencida, no sólo por razones morales, sino porque considero que la violencia, aunque pueda lograr objetivos inmediatos, resulta contraproducente a largo plazo para resolver los agravios y construir una paz duradera. Pero ahora también veo el recurso a las armas como la expresión de nuestro fracaso colectivo para atender esos agravios antes de que desemboquen en violencia. Esa responsabilidad nos alcanza a todos. A mí también.
[1] Esta devastación se presentó como una represalia por el lanzamiento de cientos de cohetes artesanales desde Gaza, por parte de grupos armados palestinos, contra núcleos de población en Israel. Aquellos ataques causaron la muerte de tres civiles y dejaron cuatro heridos.
[2] El 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación militar con ataques aéreos y una incursión terrestre en la que sus fuerzas capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa. Murieron 81 personas: 47 militares venezolanos, 32 integrantes del personal cubano y dos civiles.
[3] Los ataques de Hamás del 7 de octubre causaron la muerte de 1.160 personas: 760 civiles y 400 miembros del ejército, la policía y otras fuerzas de seguridad de Israel.
[4] Carta de las Naciones Unidas, artículos 2.3 y 2.4.
[5] Un Estado soberano también puede dar válidamente su consentimiento para recibir asistencia militar extranjera en su territorio.
[6] Human Rights Watch documentó entre 489 y 528 muertes civiles, una estimación citada por el comité que examinó la campaña para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. No existe consenso sobre el total de víctimas mortales.
[7] Entre los ejemplos de «doble uso» que cita Colombo figuran las infraestructuras de comunicaciones, los bancos, las actividades económicas, las refinerías e incluso las gasolineras, por su posible contribución al esfuerzo bélico del enemigo. Il suicidio della pace, p. 172

La economista peruana de ascendencia palestina relata su experiencia en Palestina, donde abrió un blog para documentar el conflicto y sus complejidades. A través de sus investigaciones, reflexiona sobre la lucha armada y la resistencia pacífica.

Desde su creación en 1913, la SPDI ha reforzado su vínculo con la Cancillería, convirtiéndose en un foro clave en Derecho Internacional, con 183 ediciones de su revista reconocidas como Patrimonio Cultural.

El Papa León XIV, durante su visita a Lima, enfatiza en el lema "¡Abramos el corazón!" como un llamado a sanar divisiones eclesiales, racismo y crisis social en Perú.

La visita del papa León XIV al Perú constituye, además de un acontecimiento especialmente significativo para los fieles de la Iglesia católica, un hecho cargado de simbolismo debido al profundo vínculo que el misionero Robert Prevost forjó con nuestro país a lo largo de más de cuatro décadas. Su llegada nos invita a reflexionar sobre la relevancia de la fe en la vida pública y el papel que la experiencia religiosa en la formación humana.

"El acto de escribir demanda, pues, un trabajo de resignificación que incluye necesariamente una reflexión ética, política y cultural sobre las diversas maneras como empleamos hoy el lenguaje en las esferas pública y digital".