90 días y el gran consenso extremista, por Juan de la Puente

A 90 días del inicio del Gobierno de Fujimori, el Perú de ahora se parece al Perú de los primeros meses del Gobierno de Boluarte. Entonces, alrededor de la represión cruenta de la movilización por el adelanto electoral, se formó un gran consenso político extremista que impuso el orden a costa de lo que fuese: 60 muertos, por ejemplo.

Ese consenso está de retorno. Sin muertos y sin protestas en las calles. Pero es el mismo consenso, un pensamiento que cruza al Gobierno y al Congreso y que se localiza en las instituciones, el liderazgo empresarial y los medios de comunicación tradicionales.

Este consenso ratifica por sí mismo que el actual Gobierno es la genuina continuidad del régimen 2022-2026. Postula a ser, al mismo tiempo, una continuidad depurada y saneada, es decir, un régimen que procura mejorar una forma ya conocida del ejercicio del poder.

La formación de este consenso es posible por varios fenómenos que se producen al mismo tiempo. El más importante quizás sea la ruptura del equilibrio precario que emergió de las elecciones de este año, un equilibrio que le otorgó el Gobierno a Fuerza Popular por una mayoría estrecha e instaló en el Congreso una mayoría un poco más amplia: un combinado opositor compuesto por una oposición centrista (Obras y Buen Gobierno) y otra más tajante (Ahora Nación y J. por el Perú).

Ese equilibrio ha estallado, y lo ha hecho antes de tiempo, porque se suponía que en algún momento —¿un año o dos?— la crisis de legitimidad del Gobierno implicaría un giro radical, impulsado también por la insistencia opositora en recuperar las instituciones democráticas tomadas por el pacto parlamentario aún antes de que se instalara el Gobierno de Boluarte.

¿Por qué este equilibrio estalló antes de tiempo? Por varias razones, especialmente dos: 1) por el déficit operativo del Gobierno, que no atiende con mínima eficacia las tareas básicas del Ejecutivo, lo que condujo a una inédita pérdida acelerada de aprobación presidencial, una caída respondida con un giro autoritario; y 2) la ruptura de la bicameralidad, que presumía el respeto de las reglas de convivencia parlamentaria, una ruptura que tiene varias secciones, es decir, varios espacios de conflicto.

El giro autoritario es más que un show. Es espectáculo, cierto, pero también presenta contenidos inherentes. La agregación de declaraciones, puestas de escena, decisiones como la integración del Perú al Escudo de las Américas, la disputa agresiva por una delegación de facultades que no le hacen ni más ni menos al Gobierno y la depredación de las bancadas opositoras indican que el oficialismo se encontraba a la búsqueda de un modelo de ejercicio del poder y que lo ha encontrado.

Este modelo es una huida hacia adelante. Contando con la experiencia de Boluarte a la mano, este giro es insostenible, de modo que luego de un breve plazo habrá un mayor descontento ciudadano —adiós al ideal autoritario continuado de los años noventa—, lo que impulsará al Gobierno, como lo hizo Boluarte en su momento, a una mayor radicalización de la forma y el fondo, porque no hay condiciones para que racionalmente el Gobierno desande el camino emprendido.

El giro autoritario también se facilita porque, precisamente, es el impulso que necesita el consenso político extremista para mantenerse vigente. El giro autoritario necesita tributar a ese consenso. Por esa razón, los cambios en el gabinete no tardarán en ocurrir. Un adelanto son eventos autoritarios sorprendentes, como el escarnio contra la oposición (las sillas vacías de la oposición en la conferencia de Fuerza Popular) o la publicación de la ley de la delegación de facultades a nombre del Senado, prescindiendo del Congreso y de la Cámara de Diputados.

La ruptura de la bicameralidad entraña otras rupturas, especialmente la voladura de puentes entre el Gobierno y la oposición por falta de confianza, la sujeción de la Cámara de Diputados al Senado, las rupturas de las bancadas opositoras a causa del avance depredador del oficialismo y la parálisis legislativa.

La reconstrucción del consenso extremista también presenta novedades. Una de ellas es el activismo oficialista de la mayoría de medios de comunicación tradicionales. Tres campañas centrales de las últimas semanas —el supuesto obstruccionismo de la oposición, la demonización de Juntos por el Perú como una bancada cercana al terrorismo y la militarización de la seguridad ciudadana— fueron objeto de apropiación de los medios, al punto de hacer en gran parte innecesaria la vocería directa del oficialismo. Los medios gobiernan desde la palabra.

Ni el giro autoritario del Gobierno en las últimas semanas ni el consenso extremista que lo legitima en la élite política y económica serán suficientes para evitar el deterioro de la actual administración, lo que también sucedió con el Gobierno de Boluarte.

El dato central de este fracaso no es el autoritarismo del Gobierno, sino su ineficacia. El extremismo no es un atenuante, sino una agravante, porque implica elevar las expectativas a favor de una alternativa de mano muy dura que no logrará sus propósitos. En el ámbito de las políticas públicas vinculadas a los servicios, la protección social y la vida cotidiana de la gente, el fracaso tendrá el mismo sentido: importa menos la piel del gobernante si lo central es que no garantiza un desempeño básico en el manejo del Ejecutivo, aunque es más censurable que la promesa de eficacia se haga desde la posición autoritaria y antidemocrática. Las sociedades castigan con más decepción el populismo y el autoritarismo vacíos.

El auge del consenso extremista presenta algunas diferencias con la experiencia similar durante el Gobierno de Boluarte. Entonces, la actividad opositora provino de la interacción entre la política de la calle y la política de las instituciones, condicionada por la primera.

Es cierto que ahora se carece de una política de la calle frente al régimen de Fujimori y, en cambio, se presume que existía un espacio mayor para la actividad de la política democrática desde las instituciones, específicamente desde el Parlamento.

No ha sido así. La oposición parlamentaria ha fracasado, ha sido depredada, se ha dividido y ha reducido su sentido democrático a lo mínimo. Del seno del combinado opositor tajante y moderado que emergió de las elecciones, ha surgido otro cuadro con tres oposiciones: una oposición tajante (J. por el Perú y algunos miembros de Ahora Nación), otra negociadora, que se ha quedado sin nada que negociar (Buen Gobierno y Ahora Nación), y otra colaboracionista, es decir, una oposición que ya no es oposición (Obras).

La oposición sacrificó sus innegociables, es decir, las condiciones básicas de cualquier desempeño democrático, como las leyes pro crimen, las leyes antiderechos y la captura del Estado, y estableció una agenda minimalista democrática bajo la presunción colosalmente equivocada de que este Gobierno no tenía pasado, ni cercano ni lejano.

Los sucesos de las últimas semanas liquidaron a la oposición. La ruptura del precario equilibrio postelectoral también ha alcanzado a la oposición. Con la bicameralidad rota, las bancadas rotas o en proceso de depredación, la oposición ideal del 28 de julio prácticamente ha dejado de existir. En eso también hay un parecido con el periodo de Boluarte: nos acercamos a un momento en que en el Congreso habrá opositores, pero no habrá oposición.

La centralidad de la política de las instituciones está llegando a su fin. El auge del consenso extremista, a pesar de estar condenado al fracaso, cierra el espacio para la deliberación democrática y hostiga cualquier actividad crítica y disidente. Uno de los efectos de este auge puede ser abrir las puertas a la política de la calle.

Con el ideal opositor diluido y el ideal autoritario de los noventa a las puertas del fracaso, bienvenida Dina, pase usted.