
El crimen organizado ha alcanzado en el Perú una presencia territorial sin precedentes. Desde las zonas dominadas por la minería ilegal en regiones como La Libertad o Madre de Dios hasta las calles del centro de Lima, la inseguridad avanza. Frente a esa realidad, la pregunta sobre qué herramientas elige el gobierno para responder merece examinarse con seriedad.
La respuesta más usada ha sido el estado de emergencia, aplicado en regiones críticas con resultados casi nada significativos. El gobierno ha mirado además el modelo de Nayib Bukele en El Salvador como referencia. Con todo, el propio Bukele ha reconocido que el crimen de su país, construido sobre pandillas estructuradas con décadas de arraigo territorial, responde a características ajenas a la realidad peruana.
Sobre todo ello, el decreto legislativo RENOCTE suma un tercer mecanismo a esa estrategia. El registro, administrado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional con información de carácter reservado, inscribirá a organizaciones y a sus “miembros y colaboradores” en función de sus “prácticas terroristas”. El Perú ha sufrido de este último concepto en carne propia.
Los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA dejaron casi dos décadas de conflicto armado con características documentadas, entre ellas el terror sistemático contra la población y una estructura jerárquica con objetivos políticos definidos. La norma actual guarda silencio sobre todos esos elementos, y ese vacío es un problema medular.
La vaguedad tiene consecuencias concretas para la vida democrática. En cualquier sistema republicano funcional, la disidencia opera como mecanismo de corrección del poder. Los gobernantes que incorporan la crítica ciudadana ajustan el rumbo con mayor eficacia. En ese sentido, un registro secreto de agrupaciones sin criterio establecido deja expuesta a la inconformidad legítima frente a una eventual catalogación arbitraria. Los ciudadanos que protestan, de diversas formas no violentas, por la ausencia del Estado o por la ineficacia de las políticas de seguridad forman parte del debate democrático, y ese debate merece protección.
El Perú necesita una política de seguridad proporcional a la amenaza real. Eso exige identificar con precisión el tipo de delincuencia organizada que avanza por el país, dotarse de instrumentos con definiciones claras y someter cualquier nómina de organizaciones a control judicial efectivo.
La disidencia democrática pertenece al debate público; el terrorismo, a la persecución penal con garantías. El RENOCTE, tal como ha sido promulgado, borra esa frontera.

Mientras el crimen organizado asesina a una persona a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo registra en secreto a quienes discrepan.

Las declaraciones de su expareja Nadie Beller ante Carmen Aristegui confirmarían la presencia del creador de granjas de bots en los comicios presidenciales peruanos.

JNE confirmó que el líder político de Renovación Popular no llegará a la Alcaldía de Lima.

En el Perú, ocho de cada diez casos de abuso sexual contra menores nunca son atendidos.

La cámara baja debe rechazar la denuncia constitucional de Renovación Popular contra el presidente del JNE, tras resolución que bloqueó su reelección encubierta.