El precio de la dependencia

Hace más de setenta años, el economista argentino Raúl Prebisch advirtió que América Latina estaba atrapada en un intercambio desigual que exportaba materias primas y compraba de vuelta bienes industriales cada vez más caros. En esa lógica, entendía que la región perdía riqueza en cada transacción. Esto solo era posible mientras no construyera capacidad propia para dar valor agregado a sus recursos. Esta observación pasó a ser conocida como la teoría de la dependencia.

En materia energética, ocurre lo mismo y el Perú es un caso al respecto. Actualmente, el petróleo supera los US$ 105 por barril y la gasolina acumula un alza del 40,6 % en tan solo un año.

Todo ello se debe principalmente a factores internacionales derivados de las guerras en Oriente Medio. Sin embargo, la distancia geográfica no ha limitado su impacto en nuestro país, haciendo, por ejemplo, que el combustible que importamos nos cueste caro.

No es la primera vez que ocurre algo parecido y, si nada cambia en la visión energética del Estado en nuestro país, tampoco será la última.

Lo paradójico es que el Perú no carece de recursos propios. Tiene como gran baluarte a Camisea, uno de los mayores yacimientos de gas natural de América Latina, ubicado en las regiones de Cusco y Ayacucho. En los últimos años, el suministro ha mejorado, sobre todo en su ruta hacia el abastecimiento de Lima e incluso para su salida en forma de gas licuado hacia mercados externos.

Lo bochornoso es que las comunidades que habitan en los territorios aledaños a donde se extrae ese recurso siguen comprando el balón a precios elevados y sin tener acceso a redes domiciliarias. Y hay razones.

La masificación del gas natural hacia esas regiones lleva años en la agenda sin materializarse. A pesar de que hay propuestas concretas para atender factores temporales, el Estado sigue postergando proyectos para encaminar las inversiones y las colocaciones públicas necesarias que garanticen el acceso más eficiente y conveniente para los ciudadanos.