
*Por Sofía Macher Batanero. Doctora en Sociología.
El discurso de Keiko Fujimori ante la ONU giró en torno a sus preocupaciones políticas nacionales.
Defendió a quienes cometieron atrocidades en nombre de la lucha contra el terrorismo, cuestionó a la justicia que investigó violaciones de derechos humanos y descalificó a quienes acompañaron a las víctimas. La presidenta convirtió a los investigados en víctimas y excluyó de su relato a las personas ejecutadas, desaparecidas o torturadas por agentes del Estado. Fue una toma de posición frente a procesos y una forma de presión sobre los jueces.
El mensaje se alinea con la Ley 32419, defendida por Fernando Rospigliosi, que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Rospigliosi sostuvo que esos procesos no buscaban justicia, sino venganza. Fujimori llevó esa tesis a la ONU y le otorgó respaldo presidencial. La amnistía dejó de ser una iniciativa aislada del Congreso anterior y pasó a formar parte del programa del gobierno.
El discurso retomó la estigmatización de los organismos de derechos humanos, presentándolos como defensores de terroristas, pese a las evidencias que desmienten esa acusación. Distorsionó su acompañamiento a las víctimas y sus demandas de justicia, equiparándolos con ataques a las Fuerzas Armadas. Así se sumó a la corriente autoritaria que busca restringir el espacio cívico.
La presidenta amenazó la independencia judicial y el derecho de la sociedad civil a fiscalizar al poder. La paz no se construye cerrando procesos ni desacreditando a quienes defienden a las víctimas, sino garantizando verdad, justicia y rendición de cuentas.
El sesgo autoritario de estos planteamientos exige una respuesta firme en defensa de la independencia judicial y de nuestras libertades civiles y políticas.

Puno enfrenta serias carencias en servicios básicos, incluida la falta de atención médica y justicia para mujeres, a pesar de los recursos disponibles que aún no se utilizan.

El informe de UNICEF e INEI reveló que el 46% de la niñez indígena amazónica enfrenta agresiones físicas o psicológicas.

Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades 2026, solo el 38 % considera inaceptable la desigualdad, lo que podría normalizar la situación crítica del país.

La experta en Salud Pública, Magaly Blas, reflexiona sobre su experiencia como candidata a regidora en Lima Metropolitana y el rol de los científicos en la política.

El 97% de los encuestados considera a Keiko Fujimori la figura más poderosa, mientras el miedo por la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana.