La patraña cultural, por Eliana Carlín

Fernando Cerimedo es el arquitecto de la maquinaria de desinformación detrás de las campañas de ultraderecha en la región —Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Paz en Bolivia—, construida con tecnología y dinero de operadores del propio Donald Trump. El portal La Línea reveló que el nexo entre Cerimedo y la entonces candidata fue el cubanoamericano Carlos Díaz-Rosillo, exfuncionario del primer gobierno de Trump, que ya había trabajado con Cerimedo en la campaña de Honduras y facilitó el ingreso de su socio, Javier Negre. Díaz-Rosillo dirige el Centro Adam Smith, que le paga a Keiko Fujimori US$45 mil anuales por "dictar clases".

Varios medios han reportado que Cerimedo estuvo en Lima el 27 y 28 de julio, y su expareja ha declarado que se reunió con una persona del equipo de Fujimori. A ello se suman las fotografías publicadas por este diario, tomadas en una cena de gala ofrecida por Donald Trump, donde se ve a Cerimedo y a Keiko Fujimori juntos, conversando. Sobre ese encuentro no hubo una sola línea de cobertura por parte del equipo naranja. La respuesta de la presidenta ha sido el silencio administrado en dos frases: "No tengo relación ni personal ni laboral, no la he tenido, ni la tengo"; "Seguramente lo habré saludado en algún sitio".

Saturar el entorno con información falsa hasta fabricar una sensación de realidad —ideas torcidas que terminan pasando por sentido común— no es una práctica nueva. El totalitarismo nazi la elevó a método de Estado: no se trataba de convencer con argumentos, sino de repetir hasta que la mentira adquiriera la sensación de ser real, de ser evidente. Los medios se han sofisticado con el tiempo, pero el objetivo es el mismo: copar la esfera pública de mentiras para sembrar odio y así dominarla.

Jürgen Habermas describió la esfera pública como ese espacio —ni el Estado ni el mercado— donde la ciudadanía delibera como iguales, y donde la única fuerza legítima es la del mejor argumento. Lo que hace una granja de bots es pervertir esa lógica desde la raíz. No introduce un argumento malo que podríamos rebatir con uno mejor: introduce hablantes que no existen, y por tanto repiten incansablemente. Falsea el centro de la conversación. Cuando decenas de cuentas automatizadas simulan una corriente de opinión, el ciudadano real ya no delibera con sus pares, sino con fantasmas pagados que fingen serlo. Y no hay deliberación posible si del otro lado no hay nadie.

Porque así se instalan los discursos de eso que llamaron "la batalla cultural": no como un choque de ideas, sino como una operación pagada que simula ser convicción espontánea. Una patraña con presupuesto amplio y de origen externo.

No existe el contrafactual. Nadie puede afirmar con seriedad cómo habría votado el país sin esas cuentas operando durante meses —simulando, mintiendo, difamando—, y por eso no vamos a discutir la legalidad del resultado. Pero la legitimidad es otra cosa, y este escándalo la deja más golpeada. No hace falta creer en conspiraciones para exigir respuestas: el modo en que se gana una elección deja una marca en el régimen que nace de ella, y anticipa cómo habrá de gobernar. Poner luz sobre lo que ocurrió no es revanchismo, es una necesidad de profilaxis democrática. Una comisión investigadora seria es un camino que se debería seguir.