El ubigeo no puede ser una condena, por Eliana Carlin

Un gobierno recién instalado suele pedir plazos: cien días, dicen algunos; quince, marca formalmente la transición. Es razonable mirar el bosque, la arquitectura del Estado que se pretende gobernar. Pero hay lugares donde el bosque es una coartada. Esta semana, más de trescientas personas y medio centenar de organizaciones —entre ellas el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, el Consejo de Mujeres Awajún y Wampís (COMUAWUY), AIDESEP y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos— dirigieron una carta pública a la Presidencia, la PCM, el Congreso y nueve ministerios. En la carta se solicita una política con presupuesto, conducida desde el territorio y con las organizaciones awajún y wampís al frente, para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes de Condorcanqui.

Lo que ocurre allí no es una emergencia circunstancial: es el resumen de las desigualdades del país concentradas en un solo ubigeo. Servicios de salud que no llegan o no hablan la lengua de quien los necesita. Residencias estudiantiles que, creadas para acercar la educación, terminaron exponiendo a las estudiantes que debían proteger. Defensoras comunitarias que sostienen con su trabajo voluntario y precario lo que le corresponde al Estado. Y, encima, minería ilegal, narcotráfico y trata operando donde la institucionalidad se ausenta. Una niña que nace en Condorcanqui no debería cargar en su partida de nacimiento una condena; pero hoy su ubigeo predice, con una precisión que avergüenza, qué servicios no tendrá, en qué lengua no será atendida y ante qué violencias quedará sola. Esa predictibilidad no es destino ni geografía: es una decisión política sostenida en el tiempo.

El nuevo gobierno tiene, formalmente, quince días. Pero la bancada que hoy asume el Ejecutivo no llega de un país que no gobernaba: desde diciembre de 2022, Fuerza Popular ha legislado, sostenido gestiones, colocado y blindado funcionarios y definido prioridades presupuestales. Tuvo la mayoría y con ella el poder de mirar hacia Condorcanqui. No lo hizo. No puede ahora reclamar la inocencia del recién llegado sobre un territorio que llevaba años en su campo de visión. Los quince días de cortesía no borran los años de omisión.

Hay además una razón que va más allá de la urgencia: el Estado tiene que funcionar de forma sistémica. La protección de las niñeces, las adolescencias y los pueblos indígenas no se logra con intervenciones aisladas de un ministerio que llega, hace su parte y se va. Cuando salud, educación, justicia, cultura y los tres niveles de gobierno actúan por separado, el impacto se diluye, los plazos se alargan y cada intervención cuesta más de lo que costaría articulada. Lo aislado no solo es insuficiente: es más caro, más lento y, al final, más injusto.

Ver el bosque no exime de atender el árbol. Se puede —se debe— pensar la reforma del Estado en su conjunto y, a la vez, reconocer que hay deudas que no resisten cronogramas extensos. Condorcanqui es una de ellas, y cada día de demora tiene nombre: es una niña más atendida tarde, trasladada tarde, escuchada tarde o nunca. El silencio y la demora también producen impunidad. Frente a eso, la única respuesta digna de una república es dejar de pedir plazos y empezar a rendir cuentas.